Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

todo caso, podrá ser ejercido por dicha sala de manera oficiosa cuando la
decisión de no proceder a la investigación tenga como fundamento que tal
procedimiento no redundaría en beneficio de la justicia (artículo 53. 3. literal b)
ER).
El reconocimiento de la capacidad del Fiscal para iniciar la investigación motu
propio fue uno de los asuntos más controvertidos durante las reuniones
preparatorias del Estatuto, pues hizo explícita la necesidad de proteger y
garantizar la independencia de éste órgano pero, al mismo tiempo, de controlar
su poder. Así, mientras unos países propugnaban la figura de un Fiscal con
amplia capacidad de acción, otros expresaban sus temores poniendo en duda la
objetividad y mesura de un organismo que no estaba sujeto a ningún tipo de
supervisión. Finalmente, se impuso la tesis que aboga por la figura de un Fiscal
independiente con poder para dar inicio a la investigación, sujeto en todo caso al
control de la Sala de Cuestiones PreliminaresVer Schabas, W. Introduction to the
International Criminal Court, Op. Cit. p. 97.
En este orden de ideas, dos características fundamentales identifican esta fase del
proceso. De una parte, la iniciación de la investigación corresponde al estudio
razonado de las circunstancias que constituyen el asunto que es objeto de análisis
por parte del FiscaLa razonabilidad como criterio de apreciación por parte de las
autoridades no es un asunto extraño a la jurisprudencia constitucional nacional,
pues en varias oportunidades se ha insistido en la necesidad de valorar la finalidad
de ciertas medidas y decisiones a la luz de los medios empleados para alcanzarla y
de los principios constitucionales en juego. Sobre el particular, puede consultarse,
entre muchas, la sentencia C-643 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
las allí citadas., de tal forma que la decisión de procedencia se base en elementos
objetivos que demuestran la vulneración de un bien jurídicamente tutelado del
que debe conocer la Corte Penal Internacional. Ello asegura a cada uno de los
Estados Partes que el ejercicio de la competencia complementaria que en materia
penal reconocen a la Corte Internacional no depende del capricho o simple
arbitrio del funcionario de turno, sino de un análisis detallado de las
circunstancias que no sólo dependen de la verificación de un evento determinado
(valoración fáctica), sino del nexo inescindible que debe existir entre dicha
circunstancia y el servicio a la justicia que anima la labor de la Corte (valoración
sustancial).