Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Como se ha podido apreciar, el esfuerzo de la comunidad internacional por crear
una institución permanente cuyo objeto está directamente encaminado a poner
fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia
para la comunidad y su conjunto, y a que la justicia que se administra con este
propósito sea respetada y puesta en práctica de forma duradera, no se limita a la
identificación de una serie de conductas delictivas (Parte II, ER) sistematizadas
en el marco de unos principios que han de ser reconocidos y garantizados en
todos los casos (Parte III, ER), sino que comprende, además, un conjunto de
reglas de procedimiento dentro de las cuales se han de adelantar la investigación
de tales crímenes (Parte V, ER), que luego han de ser juzgados por la Corte
(Parte VI, ER), cuya decisión puede ser objeto de ciertos recursos (Parte VIII,
ER). La naturaleza de este procedimiento es el resultado de la combinación de los
dos sistemas tradicionales comúnmente identificados en el derecho procesal
penal, de manera tal que no puede afirmarse que el proceso establecido es
puramente inquisitivo o acusatorio, pues, de hecho, combina elementos de uno y
otro. Tal determinación resulta explicable si, por ejemplo, se considera que en un
contexto internacional en el que los sujetos procesales pueden encontrarse con
diferentes obstáculos para ordenar y recoger las pruebas necesarias en un caso
determinado (e.g. la obtención de un testimonio en países que se niegan a
cooperar con la Corte), el poder concentrado y expedito que se le reconoce a la
Fiscalía en el Estatuto puede contribuir a la efectividad del proceso y la
prevención de la impunidad. Sin embargo, esta posibilidad no desconoce los
derechos fundamentales de los que goza el procesado, razón por la cual a la
Corte Penal Internacional se le reconocen amplios poderes de supervisión en la
etapa investigativa y se le imponen tanto al Fiscal como a la Sala de Cuestiones
Preliminares deberes especiales, resultado de su fortalecido poder de acción, que
se concretan en la responsabilidad de buscar y asegurar la evidencia exculpatoria
que pueda beneficiar a la defensa y le permita prepararse en debida forma para
afrontar el procesoSobre el particular, ver Schabas, W. Introduction to the
International Criminal Court, Op. Cit. p. 96.
.10.4.71. Cuestiones generales
La Parte V del Estatuto de Roma está dedicada a regular la etapa de investigación
del proceso judicial que se adelanta por parte de la Corte Penal Internacional
contra las personas que resulten implicadas en la comisión de alguno de los
crímenes que son de su competencia (artículos 5 a 9, ER). Así, en los artículos 53