Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

funciones (artículo 48.3 ER); y iv) Los abogados, peritos, testigos u otras
personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte tendrán también las
garantías necesarias, de conformidad con el acuerdo sobre privilegios e
inmunidades de la Corte Penal Internacional (artículo 48.4 ER). El apartado 5 del
artículo en comento señala los requisitos para la renuncia a los privilegios e
inmunidades. Esta institución garantiza que sus actuaciones no serán objeto de
presión por el Estado donde cumplen sus funciones. De esta manera, la
inmunidad de los funcionarios de la Corte es una consecuencia necesaria de la
condición de órgano supranacional que ella tiene y una garantía de su
independencia judicial.
El artículo 49 del Estatuto versa sobre los sueldos, estipendios y dietas de los
funcionarios de la Corte, con lo que se busca que haya certeza respecto del
régimen salarial de dichos funcionarios.
Habida cuenta de su materia especialísima, la Corte considera que no es necesario
detenerse a precisar la forma de armonización de estas disposiciones con la
Constitución.
.9.4.6.3 Facultades adicionales de la Asamblea de Estados Partes y de la
Corte
El artículo 51 indica que las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal y las
enmiendas a las mismas serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los
miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Según esta norma, tienen
facultad para proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba los
Estados Partes, los magistrados por mayoría absoluta, o el Fiscal.
Adicionalmente, se contempla la posibilidad de que, si se presenta una situación,
en caso de urgencia, cuya solución no se halle en las Reglas de Procedimiento
aprobadas, "los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer
reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados Partes
las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o
extraordinario de sesiones" (artículo 51.3 ER).
Por su parte, el artículo 52 contempla que los magistrados aprobarán por mayoría
absoluta "el Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento
ordinario", previa consulta al Fiscal, quien también será consultado respecto de
las enmiendas que se le quieran hacer.