Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

.8.4.6.2 El estatuto y las garantías de los funcionarios
Los temas relativos al estatuto de los funcionarios de la Corte Penal
Internacional, a las garantías que los amparan y a las obligaciones a cargo de
algunos de ellos, se encuentran consagrados en varios artículos de esta Parte IV.
El Estatuto señala que los magistrados (artículo 40 ER) y el Fiscal (artículo 42.5
ER) actuarán de manera independiente y no realizarán actividades que puedan ser
incompatibles con el ejercicio de sus funciones o que puedan menoscabar la
confianza respecto de su independencia. Las causales y el procedimiento de la
dispensa y recusación de los magistrados (artículo 41 ER) y del Fiscal (artículo
42.6 y 8 ER) se orientan es este propósito.
El artículo 46 versa sobre: i) las causales de separación del cargo de los
magistrados, el Fiscal, un fiscal adjunto, el Secretario o el Secretario Adjunto; ii)
el órgano competente y las condiciones bajo las cuales se podrá, en cada caso,
adoptar tal decisión; y iii) las garantías procesales de la persona cuyo
comportamiento sea cuestionado. Es importante resaltar que la decisión de
separar del cargo a un magistrado, al Fiscal o a un fiscal adjunto, sólo puede ser
adoptada por la Asamblea de Estados Partes, en votación secreta, por una
mayoría no inferior a la absoluta (artículo 46.2 ER).
El artículo 47 contempla las medidas disciplinarias para casos de menor gravedad
y señala que dichos funcionarios serán objeto de sanciones y el procedimiento a
seguir para tal propósito. Ello garantiza, de un lado, el adecuado funcionamiento
de la Corte Penal Internacional y, del otro, que sus funcionarios gocen del
derecho de defensa respecto los cargos que se les puedan hacer a causa de la
eventual comisión de infracciones.
La responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de dicha institución se
encuentra regida por los mismos principios que existen en la legislación
colombiana para el efecto, tales como la determinación de la conducta, el juez
natural y el derecho al debido proceso y a la defensa del investigadoCabe
recordar que sobre el tema, esta Corporación consideró que, de acuerdo con lo
prescrito en la Constitución, el régimen disciplinario no atenta contra los
principios de la administración de justicia si se respeta el debido proceso: "[…]
quien accede a un cargo dentro de la función pública se somete al régimen de
rango superior y legal de los funcionarios o servidores públicos y se obliga por