Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

"Aparte de que la obediencia debida absoluta y la exoneración incondicional de
responsabilidad del militar subalterno, ha sido universalmente considerada en las
prácticas, usos, costumbres y jurisprudencia como contraria al derecho
internacional humanitario, de manera específica, se han prohibido en varios
tratados suscritos por Colombia, que prevalecen en el derecho interno (C.P.,
artículo 94). En efecto, La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado mediante la Ley 70 de 1986,
dispone: "No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una
autoridad pública como justificación de la tortura" (artículo, 2, numeral 3). En
relación con el delito internacional de genocidio, tampoco se ha admitido como
válida la exculpación basada en la orden superior, como quiera que el castigo se
aplica a "las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros
actos enumerados en el artículo II - ["En la presente Convención, se entiende por
genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con
la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la
integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los
nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a
otro grupo."] - (...) ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares"
(Artículo, IV) (Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio. Ley 28 de 1959). (...)
No siendo compatible con el derecho internacional humanitario, que un militar
consciente de su acción, se escude en la orden del superior a fin de obtener la
exoneración absoluta de su responsabilidad por las infracciones que cometa en
relación con sus reglas y principios, la norma legal que la Corte examina y que
incorpora dicha regla, claramente se opone a sus dictados, aplicables a los
conflictos armados internacionales y no internacionales.Ibidem.
El anterior desarrollo jurisprudencial, reafirma la armonía entre lo que establece
el inciso 2º del artículo 91 de la Constitución y lo previsto en el artículo 33 del
Estatuto de Roma.
4.6. Parte IV: De la composición y administración de la Corte
En la Parte IV del Estatuto se reglamentan los siguientes temas: 1) La estructura
orgánica de la Corte Penal Internacional; 2) El estatuto y las garantías de los