Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido
un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:
i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de
información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo
esos crímenes o se proponían cometerlos;
ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y
control efectivo; y
iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance
para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de
las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento."
La lucha contra la impunidad frente a la comisión de crímenes atroces ha llevado
a los países signatarios del Estatuto de Roma a codificar la doctrina de la
responsabilidad del comandante o superior. El artículo 28 a) cobija no sólo a los
jefes militares de las fuerzas militares oficiales, sino también a los jefes de facto
de grupos armados irregulares. A la persona que sea comandante militar, oficial o
de facto, en virtud de que son garantes por ciertas conductas de personas
sometidas a su control, se le imputan los crímenes de las fuerzas que están bajo
su mando y control efectivo, que se hayan cometido como consecuencia de la
falta de desempeño de ese control. Esta imputación se presenta cuando dicho
comandante sabía o ha debido saber, dadas las circunstancias, que sus fuerzas
estaban cometiendo o cometerían un crimen y omitió emprender cualquiera de
las medidas necesarias y razonables para evitar la comisión, impedirla o someter
la cuestión a investigación de los funcionarios competentes.
Lo más importante de este artículo es que amplía la responsabilidad penal de los
que tienen mando militar o detentan de facto autoridad militar para evitar la
impunidad tanto de los jefes investidos formal y públicamente como de los
superiores de facto de grupos irregulares. Dicha norma responde a la experiencia
de la humanidad en esta materia, sintetizada en una decisión proferida dos años
antes por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia:
"El Tribunal tiene razones válidas particulares para ejercer su jurisdicción sobre
personas que, por su posición de autoridad política o militar, pueden ordenar la
comisión de crímenes dentro de su competencia ratione materiae o que pese a
conocer de dicha comisión se abstengan de prevenir o castigar a los
perpetuadores de tales crímenes"Prosecutor v. Martic (Caso No. IT-85-11), Rule
61, Decision, Marzo 6, 1996, para.21 (traducción no oficial)