Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

La Corte encuentra que en esta materia el Estatuto de Roma establece un
tratamiento diferente autorizado por el Acto Legislativo No. 02 de 2001.
En primer lugar, desde 1991 la inmunidad de altos funcionarios nacionales no
existe en Colombia y respecto de los funcionarios extranjeros que gocen de
inmunidad de conformidad con el derecho internacional, el propio Estatuto de
Roma ha establecido un mecanismo especial de forma que esta figura no
constituya un obstáculo para el ejercicio de las competencias de la Corte Penal
Internacional, tal como se analiza en las secciones 4.5.2.1. y 4.10.2.1.3 de esta
sentencia.
En segundo lugar, como quiera que de conformidad con el Preámbulo del
Estatuto y los artículos 1 y 17 del mismo, la Corte tiene una jurisdicción
complementaria que asegura que sean las autoridades nacionales las que tengan la
primacía para juzgar y sancionar a quienes sean responsables de genocidio, de
crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, las normas sobre fuero e
inviolabilidad que consagra nuestra Carta, siguen siendo aplicables en esos
eventos y cuando sean nuestras autoridades las que juzguen, puesto que el
Estatuto no modifica dichas disposiciones en el ordenamiento interno.
En tercer lugar, una vez Colombia exprese su consentimiento libre y soberano
para obligarse de conformidad con el Estatuto de Roma, acepta también que la
Corte Penal Internacional es el juez natural subsidiario, independientemente del
cargo de la persona en cuestión, para la investigación y juzgamiento de los
crímenes señalados en el artículo 5 del Estatuto, sí y solo sí el Estado no está
dispuesto o no puede juzgarlos (artículo 17 ER).
En cuarto lugar, con la adopción del Acto Legislativo 02 de 2001, por el cual se
adicionó el artículo 93 de la Constitución, el constituyente derivado autorizó un
tratamiento diferente en los eventos regulados por el Estatuto de Roma. Este
constituye una excepción expresa, entre otros, a los artículos 185, 186, 199, 221,
251.1, 174 y 235 numerales 2, 3 y 4 de la Constitución. La diferencia entre el
artículo 27 del Estatuto de Roma y las normas constitucionales que reconocen
inmunidad, entendida en sentido amplio, a ciertas personas que ocupan altos
cargos públicos, opera sin desmedro del tratamiento dado por el derecho interno
al procesado por un crimen de los descritos en el Estatuto. Las normas
constitucionales no obstaculizan la competencia de la Corte para investigar o
juzgar a las personas sindicadas de haber cometido uno de tales crímenes,
siempre que se den las condiciones de admisibilidad del caso, ya analizadas.