Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Genocidio, los
Principios de Nuremberg, los Estatutos de los Tribunales ad hoc y el Código de
Crímenes contra la Paz. La inmunidad penal del poder ha cedido, no sin
resistencia, dadas las reformas constitucionales que ciertos países como Francia
tuvieron que adelantar para exceptuar el principio de inmunidad del primer
mandatarioConsejo Constitucional, Decisión No. 98-408 DC de 22 de enero de
1999. frente a la importancia y a la necesidad de protección de la dignidad de la
vida humana.
De conformidad con el principio de inmunidad de los jefes de Estado, en sentido
estricto, tales funcionarios no pueden ser juzgados por las jurisdicciones
nacionales de otros Estados. La regulación interna de este principio ha dado lugar
a una gran variedad de tratamientos judiciales, que van desde la imposibilidad
absoluta de ser juzgados, aún por sus propios Estados y su extensión a
funcionarios distintos al Jefe de Estado o de Gobierno, hasta el reconocimiento
de fueros especiales de juzgamiento que en principio impiden que cualquier otra
jurisdicción distinta de la expresamente autorizada, los juzgue.
El artículo 27 del Estatuto, como se anotó, emplea la expresión inmunidades en
un sentido amplio para referirse tanto a los jefes de Estado y de gobierno como a
otros altos funcionarios estatales, cobijados bien sea por inmunidades en sentido
estricto, como por fueros especiales o reglas de inviolabilidad, reconocidas en los
distintos ordenamientos internos. Si bien la norma no tiene el alcance de eliminar
la inmunidad, inviolabilidad o fuero que pudieran derivarse de ciertos cargos
públicos en el ámbito nacional, ésta no inhibe la competencia de la Corte Penal
Internacional, no exime de la responsabilidad penal ni puede fungir de causal
para la reducción de la pena.
El problema jurídico que presenta la norma consiste en determinar claramente
cómo se compagina el principio de la improcedencia del cargo oficial con el
reconocimiento constitucional de ciertos fueros especiales y de inviolabilidades.
Así, por ejemplo, el artículo 185 CP. consagra la inviolabilidad de los congresistas
por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo (1); el artículo
186 C.P. dispone que de los delitos que cometan los congresistas conocerá en
forma privativa la Corte Suprema de Justicia (2); el artículo 199 consagra un fuero
especial para el Presidente de la República, que no puede ser perseguido ni
juzgado por delitos sino en virtud de decisión de la Cámara de Representantes y
cuando el Senado lo haya autorizado (3); el artículo 221 C.P. establece el fuero
militar (4); y diversas disposiciones constitucionales consagran un fuero especial
para la investigación (artículo 251. 1 CP), la acusación (artículo 174 CP) y el
juzgamiento de altos funcionarios (artículo235. 2,3 y 4 CP).