Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, señalados en el artículo
5º. Establece el Estatuto de Roma lo siguiente:
"Artículo 27
Improcedencia del cargo oficial
1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna
basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe
de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante
elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad
penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el
cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho
internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella."
El citado precepto excluye lo que en estricto sentido sería una defensa. La norma
refiere no solo a la inmunidad en sentido estricto sino a cualquier defensa
derivada del cargo oficial, como la inviolabilidad parlamentaria o la existencia de
un fuero especial. Con él se asegura que ni los altos funcionarios públicos dentro
de un Estado – por ejemplo un Jefe de Estado o de Gobierno, un miembro del
gobierno o un parlamentario–, cualquiera que sea su nivel y jerarquía, queden a
salvo de la instrucción y del juzgamiento por parte de la Corte Penal
Internacional cuando incurren en una de las conductas estipuladas en el Estatuto.
Se ha optado por colocar el valor de los bienes jurídicos de interés para toda la
humanidad protegidos en el Estatuto por encima de la protección a la investidura
de los mandatarios. Se trata aquí de un cambio de enorme significación: los
derechos humanos ocupan un claro lugar de precedencia sobre los principios de
inmunidad de los Jefes de Estado, de Gobierno y de otros altos funcionarios del
Estado reconocidos por el derecho internacionaEl principio de inmunidad de los
Estados ha sido reconocido por el derecho internacional como corolario de los
principios de soberanía y de igualdad de los Estados y cobija la inmunidad de
altos funcionarios, de ciertos bienes y del Estado mismo, que no pueden ser
objeto de juicio por otros Estados y se justifica únicamente para proteger al
Estado como tal, es decir al Estado que ejerce su soberanía bajo la forma de
"prerrogativas de poder público". Según el Artículo 5 del Proyecto de la
Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. "Todo Estado goza, para sí y sus
bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado" Anuario
CDI 1991, II, 2da parte p. 12-67, especialmente p. 23., que recoge la práctica
general de los Estados en esta materia. y por el derecho interno de los Estados,
con lo que se ratifica la tendencia en este sentido presente en diversos