Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

a los mayores criminales, responsables de atrocidades a gran escalaSchabas, W.
Principios generales del derecho penal., Op. Cit. p. 287
De otra parte, el principio de responsabilidad penal individual que establece el
artículo 25 del Estatuto, es congruente con el elemento de la intencionalidad
establecido en el artículo 30 del Estatuto, cuya compatibilidad con nuestro
ordenamiento constitucional se examinará en la sección 4.5.2.4. de esta sentencia.
La intencionalidad como elemento del delito se predica de la persona que incurre
en la conducta prohibida, no de otros entes o personas abstractas que trascienden
al ser humano, lo que refuerza la idea de un derecho penal de responsabilidad
individual.
En el artículo 25 se diferencian varias formas de responsabilidad penal: en calidad
de autores: autoría individual, coautoría, autoría mediata (artículo 25. 3 literal a),
ER); en calidad de partícipes: participación por ordenar, proponer o inducir a
otro a un hecho consumado o intentado (artículo 25. 3 literal b) ER); en calidad
de cómplices (artículo 25. 3 literal c) ER); y, en calidad de colaboradores para
cometer o intentar cometer un hecho con el propósito de facilitar su comisión
(artículo 25. 3 literal d) ER), con lo que se recoge formas tradicionales de
participación criminal aceptadas tanto por los sistemas penales nacionales como
por el derecho penal internacionalProsecutor vs. Tadic (Case No. IT-94-I-T),
Decisión de mayo 7 de 1997, párrafos 666, 667
Respecto del crimen de genocidio, la norma hace responsable penalmente a quien
instigue directa y públicamente a que se cometa el crimen (artículo 25.3 literal e)
ER). A primera vista podría pensarse que esta norma entra en conflicto con el
derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la
Constitución, ya que de la mera instigación al genocidio mediante la palabra se
deriva la responsabilidad del instigador. No obstante, es claro que el derecho
fundamental a la libertad de expresión no es absoluto y, por lo mismo, puede ser
limitado con fundamento constitucional suficientSobre la limitación del derecho
a la libertad de expresión por razones constitucionales suficientes, ver entre otras
las sentencias de la Corte Constitucional C-488 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; C-425 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-087 de 1998,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero en
aras de preservar otros principios constitucionales, en este caso la vida y la
integridad personal, entre otros. Adicionalmente, debe recordarse que tal
conducta fue expresamente prohibida por el artículo III, c) de la Convención
para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ya ratificada por
Colombia.