Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

humanidad. Para efectos del control de constitucionalidad del Estatuto, sin
embargo, sólo algunos de ellos ameritan una consideración detallada respecto de
su consonancia con los preceptos constitucionales, marco a partir del cual esta
Corte debe realizar el examen de su constitucionalidad.
En efecto, los principios de legalidad de la conducta punible y de la exclusión de
la analogía (artículo 22), de legalidad de la pena (artículo 23), de irretroactividad
(artículo 24), de responsabilidad penal individual (artículo 25) y de exclusión de
los menores de 18 años de la competencia de la Corte Penal Internacional
(artículo 26) no presentan problemas de compatibilidad con el orden
constitucional colombiano.
El principio de nullum crimen sine lege excluye la posibilidad de que la Corte Penal
Internacional ejerza su competencia sobre delitos no consignados en el Estatuto
de Roma. Este principio abarca garantías penales de importancia suprema, como
las reglas de lex scripta, lex praevia, lex stricta y lex certaAmbos, Kai, Sobre el
fundamento jurídico de la Corte Penal Internacional. Un análisis del Estatuto de
Roma, en Kai Ambos y Oscar Julián Guerrero, Comp. El Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional. Universidad Externado de Colombia, 1999, p. 115 Es
así como el Estatuto de Roma establece que nadie será penalmente responsable a
menos que su conducta constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen
de competencia de la Corte (artículo 22.1 ER). Además, consagra un principio de
interpretación restrictiva de la definición de crimen y prohíbe su extensión por
analogía (artículo 22.2 ER). Lo anterior sin desmedro de la tipificación de una
conducta como crimen de derecho internacional, independientemente de lo
estipulado en el Estatuto de Roma (artículo 22.3 ER). Por su parte, los artículos
22 y 23 consagran los principios nullum crimen y nulla poena sine lege, como también
lo hace el artículo 29 de la Constitución.
El principio de "irretroactividad ratione personae" consagrado en el artículo 24 más
que una prohibición a la retroactividad de la ley respecto de conductas realizadas
antes de su consagración como crímenes, es en realidad una norma que limita la
competencia de la Corte Penal Internacional a los delitos consagrados en el
Estatuto de Roma por conductas posteriores a su entrada en vigor. La
irretroactividad del Estatuto no supone la impunidad de tales conductas. Estas,
de todas maneras, pueden ser investigadas y sancionadas por las jurisdicciones
nacionales o por otros tribunales internacionales, si se tiene en cuenta que el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra se
encontraban proscritos en el derecho internacional de los derechos humanos y
por el derecho internacional humanitario antes de la entrada en vigor del Estatuto
de Roma, así como por la existencia de un compromiso internacional para su