Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Encuentra la Corte que estas disposiciones respetan la primacía del ejercicio de la
jurisdicción penal nacional para investigar tales conductas, y contribuyen al
cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en materia de
protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario (artículos
2, 4, 9 y 93 CP). Aun cuando tales disposiciones limitan la soberanía de Colombia
para adelantar investigaciones penales y llevar a cabo el juzgamiento de
conductas, como quiera que la Corte Penal Internacional ha sido autorizada por
el Estatuto de Roma para examinar que los procesos internos de investigación y
juzgamiento no sean contrarios al Estatuto, tal limitación no despoja a Colombia
de sus competencias en materia penal, como ya se anotó anteriormente (ver
sección 4.3.2.1 de esta sentencia).
.4.2.4.4.2.2. La indeterminación de la definición de ciertas conductas y el principio de legalidad
Un asunto de particular importancia que requiere de un análisis especial en esta
sección es el problema de la aparente indeterminación de varias de las conductas
incluidas en los artículos 5 a 8 del Estatuto. Pasa a examinar la Corte si la forma
como han sido tipificadas tales conductas en el Estatuto implica un tratamiento
diferente del principio de legalidad que consagra el artículo 29 constitucional.
A pesar de que el Estatuto de Roma introduce expresamente los principios de
legalidad y de prohibición de la analogía, como principios básicos para el
juzgamiento de crímenes internacionales (artículos 22 y 23, del Estatuto de
Roma, analizados en la sección 4.5. de esta sentencia), y que gran parte de sus
disposiciones sobre crímenes internacionales recogen la experiencia y
definiciones propias del derecho penal internacional, en especial en los procesos
adelantados por los tribunales internacionales de Yugoslavia y Ruanda, encuentra
la Corte que algunas de las conductas descritas en los artículos 6, 7 y 8, tienen un
grado de imprecisión que parece sugerir que éstas responden a un estándar
diferente del principio de legalidad que orienta el derecho penal tanto en el
ámbito nacional como en el contexto internacionalTal imprecisión se detecta en
las expresiones "otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables
con arreglo al derecho internacional" (artículo 6.1. literal h), ER), y "o cualquier
otra forma de violencia sexual de gravedad comparable" (artículo 6.1. literal g),
ER), así como los literales b) ordinal xxii) y e) ordinal vi) del artículo 8.2., por el
empleo de la expresiones "o cualquier otra forma de violencia sexual que
constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra".