Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Antes de admitir el caso, los Estados Partes que en principio tendrían jurisdicción
sobre éste, deben ser notificados de este evento, a fin de que tenga la
oportunidad de impugnar esa decisión ante la Sala de Cuestiones Preliminares
(artículos 15, 18.1 y 19 ER), y solicitar la inhibición de su competencia a favor del
EstadoEl artículo 18.2 señala que los Estados cuentan con un mes después de la
recepción de la notificación, para informar a la Corte si está o no llevando a cabo
una investigación respecto al mismo caso, así como para solicitar al Fiscal que
renuncie a su competencia a favor del Estado. Según el artículo 18.5, una vez que
un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte de una investigación,
el Fiscal estará obligado a suspender la investigación del caso, pero podrá solicitar
a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus
investigaciones y del juicio ulterior (artículo 18.5, ER). Igualmente, todas las
órdenes o mandamiento dictados por la Corte con anterioridad a la impugnación
seguirán siendo válidos (artículo 19.9, ER). En todo caso, aun si un Estado no
solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal
puede suspender la investigación de la Corte Penal Internacional y solicitar al
Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. (artículo 19.11).
Estas disposiciones no sólo evitan la duplicidad de esfuerzos para el juzgamiento
de graves crímenes contra los derechos humanos, sino que garantizan la primacía
de las jurisdicciones nacionales. Si el caso está siendo investigado o ya fue
juzgado de forma compatible con el Estatuto de Roma, la Corte Penal
Internacional deberá abstenerse de iniciar la investigación y el juzgamiento del
mismo (ver sección 4.3.2.1 de esta sentencia). Si el Estado no puede o no quiere
ejercer su jurisdicción, de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma,
será la Corte Penal Internacional quien la ejerza, si la situación reúne las
condiciones establecidas en ese artículo.
Por otra parte, con el fin de evitar que a través de investigaciones "aparentes" los
Estados sustraigan del conocimiento de la Corte una determinada situación, el
Estatuto establece un mecanismo de seguimiento para que el Fiscal reciba
informes sobre los avances de la investigación penal y del juzgamiento adelantado
por el Estado que objetó la competencia de la Corte Penal Internacional, por
estar en curso el proceso penal respectivo. El artículo 18.2. de Estatuto de Roma
dice que "el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones", de
lo cual surge que no existe un deber permanente de informar sobre el avance o
resultados de las investigaciones que adelante dentro de su jurisdicción, salvo que
el Fiscal le solicite expresamente dicha información, caso en el cual deberá
responder "sin dilaciones indebidas".