Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

(artículo 21.1. a) ER); en caso de conflicto entre estas normas, prevalecen las del
Estatuto de Roma (artículo 52.5 ER).
En segundo lugar, la Corte puede apoyarse en las fuentes de derecho
internacional (artículo 21.1. b) ER). Y, en tercer lugar, en defecto de las dos
primeras fuentes, los principios generales del derecho que derive la Corte del
derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, a condición de que no sean
incompatibles con el Estatuto, con el derecho internacional ni con las normas y
estándares internacionalmente reconocidos (artículo 21.1. c) ER). Igualmente, la
Corte Penal Internacional puede acudir a su propia jurisprudencia (artículo 21.2
ER). Finalmente, en su artículo 21.3, el Estatuto de Roma prohíbe la
discriminación en la aplicación e interpretación del derecho.
La Corte constata que sólo el tercer tipo de fuentes es derecho aplicable en
defecto de las dos primeras. Es decir, los dos primeros tipos de fuentes no están
inevitablemente relacionados entre sí mediante un criterio de subsidiariedad,
aunque el Estatuto de Roma es norma especial para cuya interpretación
concurren "en primer lugar" los elementos del Crimen y las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
Además, el Estatuto de Roma no es derogatorio del derecho internacional de los
derechos humanos ni del derecho internacional humanitario (artículo 10 del
E.R.). Por el contrario, es un instrumento internacional concebido para
contribuir a la efectividad de estos ramos del derecho internacional evitando que
las violaciones que constituyan crímenes de competencia de la Corte Penal
Internacional queden impunes (Preámbulo).
También constata la Corte que varios Estados han formulado declaraciones
interpretativas que versan sobre la cuestión de la relación del Estatuto de Roma,
como instrumento especial que comparte las finalidades de los principales
tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y tales
tratadosVer declaraciones interpretativas, por ejemplo, de Bélgica, Reino Unido,
Nueva Zelandia y Egipto.
Adicionalmente, es misión de la Corte Constitucional asegurar que los
colombianos que llegaren a ser investigados o juzgados por la Corte Penal
Internacional gocen efectivamente de sus derechos y cumplan sus deberes, al
tenor del principio constitucional fundamental establecido en el artículo 2 de la
Carta. Tales derechos y deberes han de ser interpretados de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
(artículo 93 C.N.).