Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá
aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir
luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.
Artículo 13 Ejercicio de la competencia
(...)
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que
parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o
Artículo 16. Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento
En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución
aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo de doce meses la
investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa
suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las
mismas condiciones.
Estas disposiciones plantean dos problemas. El primero, tiene que ver con la
limitación del ejercicio soberano de la jurisdicción penal nacional para juzgar
crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio cuando el Consejo de
Seguridad, actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, le
remite la situación a la Corte Penal Internacional. El segundo, se refiere a la
limitación de la independencia e imparcialidad de la Corte Penal Internacional,
cuando el Consejo de Seguridad le solicita que suspenda el ejercicio de su
jurisdicción, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII mencionado. Pasa pues
esta Corporación a analizar dichas cuestiones.
Desde el Preámbulo del Estatuto de Roma se indica que la Corte Penal
Internacional será una organización "independiente y vinculada con el Sistema de
Naciones Unidas". Posteriormente, en el artículo 5.2. se establece que la
definición del crimen de agresión se hará de forma compatible con la Carta de
Naciones Unidas. Igualmente, en el artículo 8 se definen como crímenes de
guerra algunos actos cometidos contra personal de Naciones Unidas que cumpla
misiones humanitarias o de mantenimiento de la paz. Luego, el artículo 115 del
Estatuto establece que las Naciones Unidas sufragarán gastos de funcionamiento
de la Corte Penal Internacional con Fondos aprobados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.