Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

encaminadas a facilitar la incorporación de milicias populares con carácter
político; el Decreto 1387 de 1994, dirigido a facilitar la reincorporación de los
miembros del Frente Francisco Garnica vinculados al proceso de paz; la Ley 104
de 1993, cuyos artículos 48 a 60 regulan la posibilidad de otorgar beneficios
judiciales para facilitar la reinserción. En la Constitución Política, el artículo
transitorio 30 autorizó al gobierno a conceder indultos o amnistías por delitos
políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación de la
Constitución de 1991.
Entonces, los principios y normas de derecho internacional aceptados por
Colombia (artículo 9 CP.), el Estatuto de Roma, y nuestro ordenamiento
constitucional, que sólo permite la amnistía o el indulto para delitos políticos y
con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar (artículo 150. numeral 17
de la CP.), no admiten el otorgamiento de auto amnistías, amnistías en blanco,
leyes de punto final o cualquiera otra modalidad que impida a las víctimas el
ejercicio de un recurso judicial efectivo como lo ha subrayado la Corte
Interamericana de Derechos HumanosLa Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado las condiciones para que una amnistía sea compatible con
los compromisos adquiridos por los Estados Partes en la Convención Americana
de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso Barrios Altos (Chumbipuma
Aguirre y otros vs. Perú), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 la Corte
Interamericana decidió que las leyes de amnistía peruanas eran contrarias a la
Convención y que el Estado era responsable por violar el derecho de las víctimas
a conocer la verdad sobre los hechos y obtener justicia en cada caso en el
contexto nacional.
Dentro de estos parámetros, en el Estatuto de Roma han quedado a salvo los
esfuerzos genuinos dirigidos a establecer la verdad de los hechos, la
responsabilidad penal de los implicados, así como la reparación a las víctimas y
perjudicados. En primer lugar, en tales eventos no es claro que se presente la
indisposición del Estado a investigar o enjuiciar que señala el artículo 17.1, literal
a) del Estatuto. En segundo lugar, un proceso interno para consolidar la paz, en
el cual no se prive a las víctimas del derecho a acceder a la justicia, proporciona
un elemento de juicio importante de que no obran razones de peso para creer
que una investigación adicional de la Corte Penal Internacional redundaría en
interés de la justiciaVer Scharf, Michael. The Amnesty Exception to the
Jurisdiction of the International Criminal Court, 1999, 32 Cornell International
Law Journal, página 507. En tercer lugar, la existencia de tales procedimientos
judiciales internos, a la vez que reafirma la jurisdicción nacional sobre sus
asuntos, es un criterio para que la Corte Penal Internacional aprecie si se cumple
el presupuesto procesal señalado en el artículo 17.1, literal d) del Estatuto, como