Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

No obstante, el párrafo 3 del artículo 17 sólo menciona dos situaciones
indicativas del colapso total o sustancial de la justicia nacional y, agrega, que
puede haber "otras razones" que muestren que un Estado no está "en
condiciones de llevar a cabo el juicio".
La Corte encuentra que esta expresión es demasiado indeterminada: carece de
referentes objetivos, de criterios para evaluar si una situación impide llevar a cabo
el juicio, de elementos temporales acerca del surgimiento, permanencia e
irreversibilidad de dicha situación, así como de parámetros para corroborar su
existencia.
La Corte también entiende que es difícil anticipar todas las razones indicativas del
colapso total o sustancial de la administración de justicia de un Estado.
Aprecia que los eventos expresamente mencionados son fácilmente verificables
por ser evidentes, refieren a condiciones objetivas y versan sobre requisitos sin
los cuales no es posible llevar a cabo el juicio.
Entonces, la Corte estima procedente que estas mismas características sirvan en
el caso de Colombia para determinar si existen "otras razones" por las cuales el
Estado no puede investigar o enjuiciar a una persona. De tal manera que en
relación con el artículo 17, párrafo 3, del Estatuto de Roma, las "otras razones" a
fin de determinar la incapacidad del Estado para investigar o enjuiciar un asunto
se refieren a la ausencia evidente de condiciones objetivas necesarias para llevar a
cabo el juicio.
Por su parte, el artículo 19 del Estatuto, reitera el respeto de los sistemas
nacionales en el juzgamiento de las conductas enumeradas en su artículo 5,
mediante el establecimiento de un procedimiento a través del cual un Estado
pueda impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional para iniciar la
investigación, cuando el Estado ha ejercido de buena fe su jurisdicción o se
encuentra ejerciéndola. Estas dos disposiciones reiteran el carácter
complementario de la jurisdicción de la Corte y establecen mecanismos de
control para evitar la primacía de la jurisdicción internacional sobre la nacional.
Esta modalidad de competencia complementaria de la Corte Penal Internacional
permite que las autoridades colombianas ejerzan plenamente sus competencias
para el juzgamiento de tales conductas en el territorio, pero acepta, mediante la
ratificación del Estatuto de Roma, que en los eventos extraordinarios enunciados