Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

alguna de las siguientes situaciones excepcionales, llamadas de indisposición o
incapacidad:
i) Cuando el Estado donde se encuentra la persona de que se trate no esté
dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento (artículo 17.1, literal
a) ER);
ii) Cuando el Estado donde se encuentra la persona de que se trate no esté en
capacidad de investigarla o enjuiciarla (artículo 17.1, literal a) ER);
iii) Cuando luego de la investigación, la decisión del Estado de no enjuiciar a la
persona de que se trate obedezca a que el Estado no esté dispuesto a que la
persona sea llevada ante la justicia (artículo 17.1, literal b) ER);
iv) Cuando luego de la investigación, la decisión del Estado de no enjuiciar a la
persona de que se trate obedezca a su incapacidad para llevar a cabo un
procedimiento judicial (artículo 17.1, literal b) ER);
En estos eventos, la Corte Penal Internacional examinará si existe o no
disposición para actuar o capacidad por parte del Estado para investigar enjuiciar
y sancionar al responsable. El alcance de estos dos criterios ha sido definido
expresamente en el Estatuto.
La "falta de disposición" la define el artículo 17.2. En líneas generales significa
que el Estado ha ejercido o dejado de ejercer su competencia para juzgar con la
intención de sustraer de la justicia a la persona implicada, con lo cual se ha
producido impunidad frente a los hechos que configuran alguno de los crímenes
señalados en el artículo 5. Por su parte, el artículo 17.3, define que un Estado es
"incapaz" de juzgar a la persona de que se trate cuando existe un colapso total o
sustancial de la administración nacional de justicia del Estado, que tiene el efecto
de que no puede hacer comparecer al acusado, o no dispone de las pruebas y
testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a
cabo un juicio. Las expresiones "total" o "sustancial", cualifican la dimensión del
colapso que justifica que la Corte pueda complementar al Estado en el ejercicio
de su jurisdicción. Así, incapacidades que no sean, a lo menos, sustanciales
impiden la aplicación del principio de complementariedad. El propio Estatuto
indica los criterios para medir la gravedad del colapso al enumerar los efectos que
este debe tener, dentro del cual se destaca la incapacidad para hacer comparecer
al acusado.