Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Por ello, las limitaciones a la soberanía enunciadas están en consonancia con los
fines de protección y garantía a los derechos humanos y de respeto al derecho
internacional humanitario y representan un desarrollo del artículo 9 de la
Constitución.
Analizadas estas cuestiones generales, pasa la Corte a estudiar aspectos
específicos la forma como el Estatuto ha regulado el ejercicio de la competencia
complementaria.
.2.1.3.4.3.2.1.3 Las condiciones previas para el ejercicio de la competencia de la Corte Penal
Internacional
Según el artículo 11 del Estatuto, la Corte tiene competencia sólo respecto a los
delitos cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto. Cuando
un Estado se convierte en Parte del tratado, la Corte podrá ejercer su
competencia sólo respecto de los crímenes cometidos luego de la entrada en
vigor del Estatuto para ese Estado, excepto cuando se haga la declaración
prevista en el artículo 12(3), es decir, el Estado consienta expresa y formalmente
en que un crimen cometido después del 1 de julio de 2002, pero antes de que
entrara en vigor el Estatuto para ese Estado, sea de competencia de la Corte
Penal Internacional.
Esta competencia de la Corte surge a partir de la ratificación del Tratado (artículo
12.1, ER) y no depende de un acto de aceptación adicional como se propuso
durante la redacción del EstatutoDurante el proceso de redacción del Estatuto se
propuso que la ratificación del Estatuto no le diera a la Corte una competencia
automática, y que posteriormente fuera necesario el consentimiento del Estado
para que la Corte pudiera asumir sus funciones, de manera similar a lo que
ocurrió con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esta forma de
reconocimiento de competencia se denominó coloquialmente con la expresión en
inglés opt-in. Otras expresiones empleadas para denominar las formas de
competencia de la Corte Penal Internacional fueron ad hoc consent opt-in, para
referirse al reconocimiento de competencia de la Corte por un Estado no Parte
para un caso en particular y una suerte de put-in, cuando fuera el Consejo de
Seguridad el que remitiera el asunto a la Corte. Un Estado, al aceptar ser parte del
Estatuto, reconoce, sin más requisitos, la jurisdicción de la Corte respecto de los
crímenes estipulados en el artículo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y agresión, una vez que sea definida) y acepta
automáticamente la competencia de la Corte sobre éstas conductas y las personas