Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Protect, IDRC, Ottawa, 2001 En ausencia de tales circunstancias, la Corte Penal
Internacional debe respetar la jurisdicción interna de los Estados e inadmitir el
caso de que se trate.
El Estatuto de Roma establece un principio general de ejercicio autónomo y
primigenio de las jurisdicciones nacionales para el juzgamiento de los crímenes
definidos en la Parte II del mismo, con lo cual se reafirma la soberanía de los
Estados Partes para el ejercicio de competencias judiciales en su territorio. Pero
autoriza un ejercicio complementario de la competencia de la Corte Penal
Internacional para la investigación y el juzgamiento de tales crímenes en el evento
en que los Estados no puedan o no quieran hacerlo.
En tercer lugar, si bien es cierto que los Estados son soberanos para definir las
sanciones y procedimientos penales internos que resulten más adecuados para
impedir la impunidad frente a crímenes tales como el genocidio, los crímenes de
lesa humanidad o los crímenes de guerra, existe un consenso internacional en
torno a que tal regulación debe hacerse de manera compatible con el deber de
protección de los derechos humanos y de respeto al derecho internacional
humanitario y, por lo tanto, las limitaciones a la soberanía en estas materias han
sido aceptadas por los Estados como parte de su compromiso de garantizar la
efectividad de tales derechos. El Estatuto de Roma reitera ese compromiso y
reafirma el consenso internacional en la materia. El estándar de protección que
recoge el Estatuto de Roma no es distinto de otros compromisos internacionales
en la materia, pero si más efectivo, por cuanto recoge un anhelo de la comunidad
internacional de garantizar que no exista impunidad frente a los crímenes más
atroces.
En cuarto lugar, un punto adicional relacionado con el ejercicio soberano de las
jurisdicciones nacionales debe ser analizado aquí. De conformidad con el
principio de complementariedad, cuando la Corte Penal Internacional admite un
asunto y ejerce su jurisdicción sobre nacionales de un Estado que delinquieron en
el territorio de dicho Estado, la justicia penal nacional correspondiente ya no
puede juzgar dicho asunto (artículo 20 ER). Cabe preguntarse si ello constituye
una violación de la soberanía del Estado colombiano. La Corte estima que no,
por las siguientes razones.
La primera, y fundamental, es que la soberanía de un Estado existe para proteger
a los habitantes que residen en su territorio, no para amparar a quienes han
violado los derechos humanos o desconocido los mínimos establecidos en el
derecho internacional humanitario ni, mucho menos, para servir de muralla