Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

ii) Si la situación particular está siendo investigada o juzgada, o aún no se ha
iniciado el procedimiento interno por parte del Estado que tiene jurisdicción
sobre el mismo, y la Corte constata que existe incapacidad del Estado para
investigar o juzgar por un colapso total o sustancial de su administración nacional
de justicia (artículo 17.3 ER);
iii) Cuando la situación ya ha sido investigada y decidida por el Estado que tiene
jurisdicción, pero el procedimiento interno se hubiere llevado a cabo con el
propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad penal (artículo 20.3, literal a)
ER);
iv) Cuando la situación ya ha sido investigada y decidida por el Estado que tiene
jurisdicción, pero el procedimiento interno no hubiere sido instruido en forma
independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales
reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de forma incompatible
con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia (artículo 20.3,
literal b) ER).
El Estatuto reconoce a los Estados el derecho a impugnar las decisiones de la
Corte Penal Internacional que determinen la ocurrencia de alguna de las cuatro
situaciones descritas, con lo cual se evita el ejercicio arbitrario de su competencia.
Estas cuatro situaciones se analizan en detalle en las secciones 4.3.2.1.4, 4.3.2.1.5
y 4.3.2.1.6 de esta sentencia.
En segundo lugar, el reconocimiento de la competencia de la Corte Penal
Internacional, no constituye una sustitución de la jurisdicción del Estado para el
juzgamiento del genocidio, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa
humanidad, o del crimen de agresión, sea que tales hechos ocurran en nuestro
territorio o los responsables se encuentren en él después de haberlos cometido en
otro territorio, como quiera que la Corte ejercerá su jurisdicción, si y sólo si se
presenta alguna de las cuatro situaciones enumeradas anteriormenteAun cuando
el Estatuto de Roma no establece explícitamente la obligación de enjuiciar a
individuos por los crímenes enumerados en el Estatuto, tal obligación ya había
sido reconocida para algunos de los delitos enumerados en el Estatuto de Roma,
en otros tratados de los que es parte Colombia. Por ejemplo, en el IV Convenio
de Ginebra de 1949, los Estados Partes se comprometen a crear cualquier
legislación necesaria que provea las sanciones penales efectivas para aquellas
personas que cometan graves violaciones contra la Convención. Según el artículo
5 de la Convención sobre el Genocidio, los Estados Partes se obligaron a legislar
para darle eficacia a las disposiciones de la Convención y establecer penas
efectivas para aquellos culpables de genocidio. ICISS. The Responsibility to