Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...
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eso, antes de entrar a analizar en detalle la regulación del principio de complementariedad, esta Corte se referirá al tema de la soberanía. .2.1.2.4.3.2.1.2. La aceptación de limitaciones al principio de soberanía para el cumplimiento de los fines de la lucha contra la impunidad y la efectividad de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, son compatibles con la Carta Política El contenido y los límites del principio de soberanía han ido evolucionando a la par del desarrollo de las relaciones internacionales y de las necesidades de la comunidad internacional y han llevado a una redefinición del concepto original de soberanía absoluta, sin que ello implique menoscabo de este principio fundamental del derecho internacional. No obstante esta evolución, el principio de la soberanía continúa siendo un pilar del derecho internacional. Como resultado de la creciente interacción e interdependencia entre Estados y de la constatación de desafíos globales que interesan a toda la humanidad, surgieron límites a la concepción absoluta de soberanía, justificados por la necesidad de preservar la coexistencia pacífica entre sujetos iguales de derecho internacional, así como el reconocimiento de otros límites adicionales a la soberanía, fundados en la necesidad de respetar valores protegidos por el derecho internacional y asociados a la dignidad del ser humano, a la paz mundial, a la democracia y a la conservación de la especie humana. A pesar de esa evolución, se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independenciaCorte Permanente de Arbitraje, Caso de la Isla Palmas, 1928, Estados Unidos y Países Bajos, publicado en Reports of International Arbitral Awards, Vol. 2, p. 829. En este caso se dijo que la soberanía en las relaciones internacionales debía entenderse como independencia para ejercer sobre un determinado territorio y habitantes las funciones de un Estado. en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (ii) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberaníaCorte Permanente Internacional de Justicia, 1923, Caso Wimbledon, World Court Reports, Serie A, No. I. así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridasSentencia Arbitral, Cámara de Comercio Internacional, 30 de abril de 1982, Caso Framatome contra Atomic Energy Organisation, J.D.I., 1984, p. 58 y ss. y (iii) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacionalVer entre otros Nguyen Quoc Dinh, Droit
International Public, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París 1994, p.410. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Fourth Edition. Clarendon Press. 1990, p. 107 y ss. Verdross, Alfred. Derecho Internacional Público. Biblioteca Jurídica Aguilar. 1982, p. 174 y ss. Henkin, Louis. International Law. Cases and Materials. Third Edition. West Publishing Co. St. Paul, Minneapolis, 1993, p. 13 y ss. Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones a los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internosReportes de la Corte Internacional de Justicia, 1986, Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, Nicaragua vs Estados Unidos de América, Fallo del 27 de junio de 1986, párrafos 202 a 209. La Corte definió como asuntos internos aquellos frente a los cuales el Estado goza de autonomía para decidir sin injerencia externa, tales como su organización política, económica, social, cultural y jurídica, así como la definición de su política internacional. y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda mutuaReportes de la Corte Internacional de Justicia, 1.949. Caso Estrecho de Corfú, Reino Unido vs. Albania En ocasiones ello puede requerir la aceptación de la competencia de organismos internacionales sobre algunos asuntos de competencia nacional, o la cesión de algunas competencias nacionales a instancias supranacionales. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, tal posibilidad es compatible con nuestro ordenamiento constitucionalVer, por ejemplo, las sentencias: C-088/93, MP: Ciro Angarita Barón, que declaró la constitucionalidad de la Ley 11 de 1992, mediante la cual se incorporó al ordenamiento interno el Protocolos I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949; C-225/95, MP: Alejandro Martínez Caballero, que declaró ajustada a nuestra Carta el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 171 de 1994; C- 331/96, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró la constitucionalidad de la Ley 216 de 1995, mediante la cual se aprobaba el Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe; C-231/97, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró la constitucionalidad de la Ley 323 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996"; C-137/95, MP: Jorge Arango Mejía, que declaró la constitutionalidad de la Ley 170 de diciembre 15 de 1994, " Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marraketch (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de Bovino." ' siempre que tal
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Clarendon Press. 1990, p. 107 y ss. Verdross, Alfred. Derecho Internacional<br />
Público. Biblioteca Jurídica Aguilar. 1982, p. 174 y ss. Henkin, Louis.<br />
International Law. Cases and Materials. Third Edition. West Publishing Co. St.<br />
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Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones a<br />
los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de<br />
sus asuntos internosReportes de la Corte Internacional de Justicia, 1986, Caso<br />
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1.949. Caso Estrecho de Corfú, Reino Unido vs. Albania En ocasiones ello puede<br />
requerir la aceptación de la competencia de organismos internacionales sobre<br />
algunos asuntos de competencia nacional, o la cesión de algunas competencias<br />
nacionales a instancias supranacionales. De conformidad con la jurisprudencia de<br />
esta Corte, tal posibilidad es compatible con nuestro ordenamiento<br />
constitucionalVer, por ejemplo, las sentencias: C-088/93, MP: Ciro Angarita<br />
Barón, que declaró la constitucionalidad de la Ley 11 de 1992, mediante la cual se<br />
incorporó al ordenamiento interno el Protocolos I Adicional a los Convenios de<br />
Ginebra de 1949; C-225/95, MP: Alejandro Martínez Caballero, que declaró<br />
ajustada a nuestra Carta el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de<br />
1949, incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 171 de 1994; C-<br />
331/96, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró la constitucionalidad de la<br />
Ley 216 de 1995, mediante la cual se aprobaba el Convenio Constitutivo de la<br />
Asociación de Estados del Caribe; C-231/97, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz,<br />
que declaró la constitucionalidad de la Ley 323 de 1996 "Por medio de la cual se<br />
aprueba el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional<br />
Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de<br />
1996"; C-137/95, MP: Jorge Arango Mejía, que declaró la constitutionalidad de la<br />
Ley 170 de diciembre 15 de 1994, " Por medio de la cual se aprueba el acuerdo<br />
por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en<br />
Marraketch (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos<br />
y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de Bovino." ' siempre que tal