Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la
acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una
orden de detención en virtud del artículo 58.
9. La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal,
ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.
10.Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el
artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya
cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los
motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de
conformidad con dicho artículo.
11.El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17
suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su
disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha
información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una
investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado
origen a la suspensión.
Artículo 20. Cosa juzgada
1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado
por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya
hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.
2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes
mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o
absuelto.
3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en
razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos
que el proceso en el otro tribunal:
a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por
crímenes de la competencia de la Corte; o
b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad
con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo
hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere
incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.
Las disposiciones citadas, regulan las condiciones bajo las cuales se desarrollará la
relación entre las jurisdicciones penales nacionales y el ejercicio de la
competencia de la Corte Penal Internacional. Como principio general, el Estatuto
de Roma establece que son los Estados quienes deberán ejercer en primer lugar