Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

para el cumplimiento de sus funciones. Estas dos características, además, le
confieren la independencia necesaria para el logro de sus fines de lucha contra la
impunidad y de garantía de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario. Ello resalta que las relaciones de Colombia con la Corte Penal
Internacional se basan en la expresión soberana del consentimiento del Estado
para obligarse, así como en principios de derecho internacional tales como el de
la buena fe en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de cooperación
internacional, aceptados por nuestro país (artículo 9 CP).
La posibilidad de que Colombia se convierta en miembro de un organismo
internacional mediante la ratificación del tratado constitutivo del mismo, es
desarrollo de lo previsto en nuestro ordenamiento constitucional, pues de
conformidad con el artículo 9 Superior, "las relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional (...) y en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia", dentro de los
cuales se encuentran el principio de pacta sunt servandaArtículo27, Convención de
Viena de 1969, ratificada por Colombia y aprobada como legislación interna mediante la Ley
32 de 1985.
De conformidad con este principio, un Estado sólo se vincula
internacionalmente cuando expresa su consentimiento en obligarse para
determinados fines, como en este caso, para constituirse en Parte de un
organismo internacional creado mediante tratado y, como consecuencia de ello,
se compromete de buena fe a cumplir las obligaciones que surgen de dicho
tratado. La expresión de ese consentimiento reitera el carácter soberano de
Colombia como Estado y su capacidad para adquirir obligaciones en el ámbito
internacional. En el ejercicio de tal facultad, el Estado puede, autónomamente,
aceptar limitaciones al ejercicio de su soberanía, y como lo autorizan los artículos
226 y 227 de la Constitución, llegar incluso hasta a ceder competencias propias
que podrán ser ejercidas por organismos supranacionalesVer, por ejemplo, las
sentencias: C-331/96, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte analizó la
constitucionalidad del "Convenio Constitutivo de la Asociación de los Estados
del Caribe", suscrito en Cartagena de Indias, el 24 de julio de 1994 y de su ley
aprobatoria (Ley 216 de 1995); C-231/97, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, en la
que la Corte declaró la constitucionalidad la Ley 323 de 1996 , aprobatoria del
Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino
(Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996. El
Estatuto no llega a tanto ya que no supone que el Estado ceda competencias
pero, para proteger los derechos, sí limita el ejercicio de algunas de ellas, como se
verá posteriormente.