Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

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Extradición, juicio y condena de Alberto Fujimori
finalidades personales, egoístas y criminales, para cuya eficacia desplegó todo un aparato
de poder organizado desde su condición de Jefe de Estado y jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú» (Subpunto 65 del punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
«Lo expuesto en este apartado permite concluir: Primero, que el delito cometido por
Alberto Fujimori Fujimori no es un delito especial —por ende, tampoco, un delito
funcionarial—, sino un delito común. Segundo, que la acción dolosa realizada por el
sentenciado, se tipifica dentro del supuesto fáctico previsto en el artículo 152 del Código
Penal, delito de Secuestro. Tercero, que tan solo existió una “aparente” concurrencia a
la misma acción, del tipo de abuso de autoridad, el cual queda totalmente descartado.
Habiéndose determinado que el delito cometido por Alberto Fujimori Fujimori se califica
como secuestro en su forma básica o simple, en agravio de Gustavo Gorriti Ellenbogen y
Samuel Dyer Ampudia […]» (Subpunto 66 del punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
Opinión de la Fiscalía respecto a la violación de la garantía de legalidad penalatipicidad
al existir imposibilidad de lesión al bien jurídico por suspensión de las
garantías de la libertad personal:
Sobre la naturaleza de los estados de excepción y el ejercicio de la libertad ambulatoria:
«La defensa de Fujimori Fujimori argumenta que la sentencia habría vulnerado el principio
de legalidad penal, fundamentalmente, el mencionado postulado “nullum crime sine
lege” pues, según lo indica, existió imposibilidad de afectación al bien jurídico libertad
ambulatoria y que por ello sería atípica. Al respecto conviene afirmar que el juicio de
tipicidad es el ejercicio de subsunción normativa que se efectúa para determinar si la
conducta atribuida satisface los elementos configurativos del tipo penal instruido, así
como verificar si concurre alguna causa o circunstancia que excluya el carácter delictuoso
o criminal previsto en la ley. Bajo esta orientación, por consiguiente, resulta necesario
establecer los efectos jurídicos de un estado de excepción y su incidencia en los derechos
fundamentales, especialmente, la libertad ambulatoria […]. Sobre los estados de
excepción, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que éstos se caracterizan
por: a) Concentración de poder, con permiso constitucional, principalmente, en el jefe
del Ejecutivo; b) Existencia o peligro inminente de grave circunstancia de anormalidad
en la vida del Estado; c) Imposibilidad de resolver las situaciones de anormalidad a través
del uso de los procedimientos legales ordinarios; d) Transitoriedad del régimen de
excepción y su determinación espacial; e) Restricción transitoria de determinados
derechos constitucionales; f) Aplicación, con criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, de las medidas que permitirán restablecer la normalidad constitucional;
g) Defensa de la perdurabilidad y cabal funcionamiento de la organización jurídicopolítica;
y h) Control jurisdiccional expresado en la verificación de tales principios en el
acto restrictivo o suspensivo de los derechos fundamentales de la persona […].
«Asimismo, con relación a esta última característica, ha establecido que de ninguna
manera nuestra Constitución Política podría consagrar un período de indefensión
ciudadana y anulación de toda actuación regular del Estado, según las reglas, principios
y valores que justifican su existencia; expresamente señala: “si bien las normas que