Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

El segundo dictamen...
imputables al funcionario público, pero que no se hallen contemplados en otros tipos
penales, esto es, subsidiario dentro del catálogo de delitos funcionariales.
«Por consiguiente, la diferencia entre el delito de secuestro y el delito de abuso de
autoridad va más allá de la valoración del simple elemento señalado por la defensa:
exige el análisis abstracto y concreto de otros elementos y aspectos de naturaleza políticocriminal
y de carácter normativo […]» (Subpunto 44 del punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
«La defensa postula que el delito de abuso de autoridad en la modalidad de detención
ilegal, tiene como objeto genérico de protección a la administración pública, y como
objeto especifico al sistema de garantías constitucionales de la libertad, del cual son
garantes los funcionarios públicos competentes; sin embargo, referente a esta alegación,
reiteramos […] que tal figura delictiva no existe en el Código penal peruano vigente, el
legislador de 1991, no introdujo esta modalidad específica de abuso de autoridad; solo
ha previsto como tipo penal pluriofensivo que protege ambos bienes jurídicos, el supuesto
de la detención ejecutada por el juez —artículo 419 del Código penal—, cuyo alcance,
únicamente, comprende a este tipo particular de funcionario público, no así a cualquiera
de ellos: postular lo contrario es “crear” tipos legales asumiendo una función ajena,
como es la legislativa, lo cual —a contrario de lo alegado por la defensa— sería
inconstitucional» (Subpunto 50 del punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
La subsidiaridad del delito de abuso de autoridad: «La subsidiaridad del tipo penal de
abuso de autoridad, debe entenderse, como se sostiene en la sentencia […] y conforme
lo hemos adelantado […], solo para los delitos funcionariales, esto es, para todos los
tipos penales que atenten contra la administración pública cometidos por funcionarios
abusando de su cargo. Respecto a ello, es conveniente señalar lo que se postula en la
doctrina, Abanto Vásquez expresa que a través de este abuso innominado el legislador
pretende abarcar aquellos casos que no pueden ser comprendidos por los otros tipos de
abuso específico, como concusión, exacciones, peculado, etc., por lo que, solamente
tendría aplicación supletoria en los supuestos que estos tipos penales específicos no
sean aplicables […]. Rojas Vargas, en el mismo sentido señala que en nuestra legislación
se ha tipificado, por un lado, el abuso de autoridad genérico o innominado y por otro,
distintas formas de abuso nominado o específico, de tal manera que el primero es una
figura subsidiaria solo imputable a los actos del agente cuando no existe un tipo penal
específico, así se busca proteger, cubriendo todas las posibilidades de ocurrencia, el
prestigio y la calidad de la administración pública, cerrándole al funcionario público el
camino para el exceso doloso en el ejercicio de sus funciones […]» (Subpunto 52 del
punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
«Conforme a la justificación del Tribunal, que comparte esta Fiscalía, se ha probado que
Alberto Fujimori Fujimori, con pleno conocimiento de los hechos, ordenó privación de
la libertad de los agraviados Gustavo Gorriti Ellenbogen y Samuel Dyer Ampudia: la
conciencia y la voluntad del sentenciado estuvo dirigida a violentar este derecho
fundamental. No existen elementos que permitan concluir razonablemente que el
condenado únicamente tuvo la intención de aprovechar su condición de funcionario
público; antes bien, se ha acreditado que ejecutó una conducta dolosa dirigida a
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