Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

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Extradición, juicio y condena de Alberto Fujimori
República y la consecuente acusación del propio legislativo […]. Por ende, debe
considerarse el procedimiento de antejuicio constitucional iniciado, por estos hechos
—secuestros en agravio de Gorriti Ellenbogen y Dyer Ampudia—, contra Alberto Fujimori
Fujimori, en mérito a la denuncia de fecha 24 de junio de 2002, interpuesta por los
congresistas Ana Elena Townsend Diez Canseco, Edgar Villanueva Núñez, Gustavo Pacheco
Villar, Hildebrando Tapia Samaniego y César Zumaeta Flores, que terminó con la resolución
legislativa Nº 0014-2003-CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre
de 2003. El período de duración de este procedimiento no es computable para los plazos
prescriptivos de la acción penal» (Subpunto 39 del punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
«También se verifica como causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, la
declaración de contumacia conforme al artículo 1 de la ley Nº 26641, norma cuya
constitucionalidad ha sido reconocida por nuestro Tribunal Constitucional. […] Por auto
de fecha 26 de julio de 2006 (folio 21983 a folio 21989), confirmado por ejecutoria de 14
de noviembre del mismo año, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
(folio 110 del cuadernillo de nulidad), se declaró suspendido el plazo de prescripción de
la acción penal incoada contra Alberto Fujimori Fujimori, desde el 15 de abril de 2004,
fecha que se le constituyó como contumaz hasta su disposición ante las autoridades
peruanas, el 22 de septiembre de 2007 (acta de entrega de folio 22170 y auto de
comunicación de cargos de folio 22729)» (Subpunto 40 del punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
«Parte del mencionado periodo suspendido por la declaración de contumacia coincide
con el periodo de suspensión por otra causal: el procedimiento de extradición; este por
su propia naturaleza impide el inicio o la continuación de un proceso penal y debe ser
resuelto en otro, distinto a aquel en el que se pretende la aplicación de ius puniendi del
Estado» (Subpunto 41 del punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
«El secuestro es un delito permanente, cuyo plazo de prescripción, a tenor de lo dispuesto
en el inciso 4º del artículo 82 del Código Penal empieza desde el momento que cesó la
permanencia, en el caso de autos, desde el 6 de abril de 1992 (secuestro de Gorriti
Ellenbogen) y 5 de agosto de 1992 (secuestro de Dyer Ampudia). Asimismo, el plazo de
prescripción aplicable es el extraordinario cuyo cómputo, deducible de la pena conminada
en el artículo 152 del Código Penal —norma original—, exige seis años desde la comisión
de los hechos, sin embargo, atendiendo a los lapsos de suspensión de la prescripción de
la acción penal, antes detallados y justificados, pueden concluirse que solamente han
transcurrido tres años y once meses, aproximadamente, por ende, no se ha cumplido el
mencionado plazo de prescripción» (Subpunto 42 del punto 4.3 del Dictamen Fiscal).
A efectos de determinar la violación de la legalidad procesal por prescripción de la
acción penal, la Fiscalía también analizó si existía relación entre el delito de secuestro
cometido contra Gorriti y Dyer, y el abuso de autoridad: «El secuestro es un delito
común por lo que el sujeto activo es innominado y puede ser cualquier persona: un
particular —incluyendo al funcionario que actúa como particular— o un funcionario
público —que actué como funcionario dentro de su ámbito competencial—. […] nuestro
legislador penal de 1991 construyó el delito de abuso de autoridad —artículo 376 del
Código penal— como un tipo genérico que reúne todos los abusos o extralimitaciones,