Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

El segundo dictamen...
de la fiscal o funcionarios que intervinieron en la investigación o cuestionar su
participación— nos permite inferir de manera razonable que nunca estuvo incomunicado
ni se le sometió a actos que le hubieran causado un padecimiento innecesario y que
puedan calificarse como crueldad en cualquiera de su niveles que se ha explicado […]»
(Subpunto 30 del punto 4.3 del dictamen fiscal).
«Los elementos detallados y descritos nos llevan a la conclusión de la inexistencia de la
innecesariedad de un trato cruel; no obstante, conviene efectuar un análisis de los
elementos que, a criterio del Tribual, justifican el plano o elemento objetivo de la
agravante: calidad de los ejecutores materiales del secuestro, los centros ilegales de
privación de la libertad, la falta del procedimiento regular legalmente previsto y el
contexto de alteración del orden constitucional. Respecto a todos ellos, debe reiterarse
que el juzgador no puede valorar la agravante trato cruel al margen o desconectado de
la realidad de la víctima […], pues de ser así, únicamente, se revestiría, con un criterio
subjetivo y sin contenido fáctico, la acción propia del secuestro con el ropaje de la crueldad
—en cualquiera de sus niveles de intensidad— atendiendo solo a la realidad de que la
privación de la libertad y, específicamente, el secuestro mismo produce padecimiento o
angustia a la víctima, conforme se ha sostenido anteriormente […]; de esta manera,
toda conducta que se califique o encuadre en dicho delito, conllevaría a ser sancionada,
erróneamente, con la agravante de trato cruel.
«Siguiendo los criterios antes expuestos […], la concurrencia de los elementos objetivo y
subjetivo del trato cruel, pasa necesariamente, por establecer cuáles son los actos propios
o que fueron necesarios en la ejecución y consumación del delito; estableciendo este
límite en el caso concreto, se podrá determinar aquellos actos que se encuentran fuera
de él, esto es, los actos adicionales o innecesarios, todos ellos constituirán el primer
elemento razonable —no el único— que vislumbrará la concurrencia de la agravante
trato cruel.
«Por tanto, conviene establecer en los casos de los secuestros de Gustavo Gorriti
Ellenbogen y Samuel Dyer Ampudia, si los citados elementos que valoró el Tribunal
representan o constituyen actos que fueron necesarios para la ejecución del delito de
secuestro o, por el contrario, fueron actos innecesarios» (Subpunto 31 del punto 4.3 del
Dictamen Fiscal).
«Respecto a los ejecutores materiales (agentes públicos) y los centros ilegales de reclusión,
cabe mencionar que a Alberto Fujimori Fujimori, precisamente, se le atribuye
responsabilidad penal como autor mediato del delito de secuestro agravado, por dominio
de un aparato de poder organizado que estuvo conformado por agentes militares y
policiales; igualmente, de la justificación del Tribunal […], se desprende que el sentenciado
se valió no solamente de este aparato organizado, sino también de los bienes públicos y
la infraestructura estatal que se encontraba disponible en las instituciones a las que
dependían o pertenecían sus integrantes. Esta situación fáctica permite inferir
razonablemente que el sentenciado, sin este aparato de poder no hubiera podido ejecutar
tales delitos, se trató de un aparato de poder organizado de carácter estatal en la que
una de sus características principales, como cualquier aparato de poder, fue el dominio
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