Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

La sentencia condenatoria...
DINTE —hecho inusitado en un joven oficial no preparado para asuntos de inteligencia—
y el segundo al BIP 39, alejándolo de la jefatura de la Base de Acción Cívica de La Cantuta.
«En la Universidad de La Cantuta se constituyó una Base de Acción Cívica, a cargo de la
Primera DIFE, que controlaba el acceso y orden interno en el claustro universitario. Como
tal, a partir de los reglamentos del Ejército, sólo se podía acceder a la Universidad si lo
autorizaba la máxima autoridad militar de la que depende la Base. Por eso es que intervino
materialmente, por encima del comandante general de la Segunda Región Militar, el
comandante general del Ejército para ordenar directamente al comandante general de
la DIFE, primero, que facilite el concurso de un teniente EP que conociera las instalaciones
de la Universidad y a los alumnos y profesor previamente identificados como presuntos
subversivos; y, segundo, que permita el acceso del Destacamento Especial de Inteligencia
para concretar la ubicación, captura y muerte de los agraviados, sin cuya orden y ulterior
cumplimiento era imposible la materialización de la operación especial de inteligencia
en cuestión.
«Asimismo, para la intervención del director de la DINTE, en función a su nivel jerárquico,
al vínculo administrativo de la organización que dirigía con el Destacamento Colina y a
su inserción en el canal de inteligencia del SINA, era necesario que el comandante general
del Ejército diera la orden de colaboración al comandante general de la DIFE —la
intervención de los máximos escalones de la DINTE y de la DIFE, finalmente impuesta por
la Comandancia General del Ejército, revela la entidad de la operación y su inserción en
la lógica institucional y objetivo planteado—. Es de precisar que el concurso del director
de la DINTE explica la presencia previa del coronel EP Navarro Pérez, subdirector de Frente
Interno de la DINTE, y su entrevista con el general EP Pérez Documet y el G2 de la DIFE,
teniente coronel EP Rodríguez Córdova; así como también, que el mayor EP Martin Rivas
se entreviste con los altos mandos de la DIFE para operativizar el apoyo requerido y,
finalmente, lograr su cometido.
«Tal ha sido la contundencia de las declaraciones del teniente EP Portella Núñez y, antes,
de los integrantes del Destacamento Colina, y luego de los demás oficiales subalternos y
superiores de la DIFE (la intervención del Destacamento Colina en los hechos, el concurso
de la Comandancia General del Ejército, de la DINTE y de la DIFE, en varias fases de su
planeamiento, desarrollo y encubrimiento), que no sólo una vez ocurrido el operativo,
con la repercusión pública que produjo, se cambió de colocación a los tenientes EP Portella
Núñez y Velarde Astete, sino que posteriormente se montó una acción de encubrimiento
de los hechos comprometiendo a la Inspectoría General del Ejército y al Consejo Supremo
de Justicia Militar —se diseñó un guión de preguntas y respuestas para hacer frente a las
investigaciones que formalmente se iniciarían y con un resultado prefijado de negación
de los hechos tal como realmente sucedieron—, y luego se dispuso que el teniente EP
Portella Núñez, ante su exigencia de seguridades por el ser el más expuesto, se fuera del
país [como ha expuesto, pudo salir del país con destino al Japón con el auxilio del jefe
del SIE, coronel EP Oliveros Pérez, quien le dio la suma de veinte mil dólares americanos],
a cuyo retorno y frente a sus continuadas exigencias la Comandancia General del Ejército
le entregó treinta mil dólares americanos» (Fundamentos 528, 529, 530, 531 y 532 de la
sentencia).
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