Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

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Extradición, juicio y condena de Alberto Fujimori
noventa y dos en el Establecimiento Penal de Castro Castro, en cuya intervención por las
Fuerzas del Orden para retomar el control del mismo resultaron muertos los principales
líderes del PCP-SL que se encontraban privados de libertad por mandato judicial y
sometidos a proceso penal.
«Con independencia de lo expuesto por los integrantes del Destacamento Especial de
Inteligencia Colina, es evidente que los agraviados fueron ejecutados con las armas de
fuego utilizadas por los AIO y Oficiales del indicado Destacamento. En la escena del
crimen —en Huachipa, pero también en Cieneguilla— se encontraron casquillos y
proyectiles, que corresponden a pistola automática o semiautomática, de calibre nueve
milímetros parabellium. Además, los restos del agraviado Ortiz Perea y los fragmentos
de cráneo de otras víctimas presentan lesiones por proyectil por arma de fuego, de atrás
hacia delante, efectuadas a corta distancia, entre dos a cuarenta centímetros.
«En algunos casos, la víctima se encontraba en una posición por debajo del victimario
—en el suelo o arrodillado—, y siempre este último atrás de la víctima. Es de resaltar
que el agraviado Ortiz Perea presentó cuatro disparos en la cabeza, dos ellos producidos
por la modalidad de “doble disparo rápido”, double tap o sucesión inmediata, que sólo
puede ser perpetrado por quien tiene conocimiento de técnicas tácticas, propias de las
Fuerzas de Orden. Además, según los peritos antropólogos forenses, el examen
comparativo de la distribución de las lesiones por arma de fuego en la cabeza muestra
un patrón consistente observado, en la experiencia forense mundial, en homicidios y
ejecuciones extrajudiciales, derivadas de violaciones de derechos humanos.
«Otra característica, propia de esta modalidad de crímenes, y que ha sido destacada
tanto por la CVR cuanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, aparte
de la selección, ubicación y secuestro violento de las víctimas —reputadas de terroristas
por los agentes públicos—, la desaparición de los restos: mutilación e incineración de
los mismos. Esto fue lo que ocurrió en el presente caso. Se fragmentaron los cadáveres,
se les arrojó cal, se les expuso a fuego directo, y se les enterró [otros restos fueron
arrojados a otro lugar, no identificado, como sugieren algunos de los integrantes del
Destacamento Colina —se menciona que fueron arrojados al mar, en la zona del Salto
del Fraile—, de ahí que solo se han encontrado fragmentos óseos de ocho personas
adultas], incluso una vez que se produjeron “fugas de seguridad” al filtrarse la noticia de
los hechos, los restos se trasladaron de Huachipa a Cieneguilla con el vano propósito de
ocultar el crimen y diluir las evidencias incriminatorias […].
«Lo singular de estos hechos es el nivel de involucramiento, para facilitar y concretar el
crimen, de varias unidades u organizaciones del Ejército, sin cuya intervención el asesinato
en cuestión no hubiera podido perpetrarse. Es particularmente relevante, para permitir
la incursión a la Universidad La Cantuta, el concurso del comandante general de la DIFE,
la previa orden del comandante general del Ejército, y la participación activa del director
de la DINTE y su escalón inmediatamente inferior: el subdirector de Frente Interno.
Intervención que, incluso, se expresó en los hechos inmediatamente posteriores, con el
traslado de dos tenientes de la DIFE, que ocasionalmente jugaron un papel importante
en el desarrollo de los sucesos delictivos: Portella Núñez y Velarde Astete, el primero a la