Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

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Extradición, juicio y condena de Alberto Fujimori
el acusado no hubiere tenido la posibilidad real y efectiva de defenderse, y es que la
defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. La
Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, Garantías Judiciales,
apartado b) recoge la obligación de la comunicación previa y detallada al inculpado de la
acusación formulada. Por su parte, Vicente Gimeno Sendra explica esta relación señalando
que el principio acusatorio garantiza, en definitiva, que en todo proceso penal el acusado
pueda conocer la pretensión punitiva que se articula contra él para que se defienda de
forma contradictoria, así como que el órgano judicial se pronuncie precisamente sobre
los términos del debate conforme han sido formuladas definitivamente las pretensiones
de la acusación y la defensa, sin que el juez pueda intervenir sucesivamente como
acusador y como juzgador […].
«Esta relación, como ya lo anotáramos, es el contenido del principio de correlación de la
sentencia con la acusación, por el que se exige que el juzgador se pronuncie acerca de la
acción u omisión punible descrita en la acusación fiscal, siendo que, en caso de
incumplimiento la sentencia incurriría en causal de nulidad insalvable, de conformidad
con el artículo 298, inciso 3º, del Código de procedimientos penales.
«Este principio está expresamente recogido en el numeral 1 de artículo 285-A del código
citado, incorporado por el decreto legislativo Nº 959, que dispone que en la sentencia el
juzgador no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y
materia del auto de enjuiciamiento o, en su caso, de la acusación complementaria. Se
trata de una correlación fáctica, por lo que, su probable vulneración exige el análisis del
objeto procesal, cuyas características son: su inmutabilidad, su delimitación progresiva,
su indisponibilidad y su integridad; considerando estas características y sus elementos
—hecho criminal imputado y persona imputada—, se sostiene en la doctrina que la
vulneración a este principio se produce por defecto o por exceso […]» (Subpunto 152 del
punto 4.4 del dictamen fiscal).
Sobre la política antiterrorista de guerra sucia: «Con el primer supuesto enunciado por
la defensa, se plantea una dicotomía entre una política antiterrorista de guerra sucia
dictada por el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades y la guerra sucia
de facto; la primera incorporada como parte del supuesto fáctico materia de
procesamiento, en los casos Barrios Altos y La Cantuta, por el Ministerio Público, y la
segunda, introducida por el Tribunal en la sentencia materia de vista; sin embargo,
revisada la resolución impugnada no se encuentra en ella mención expresa al término
“guerra sucia de facto”. Conviene añadir a esto último, la falta de desarrollo argumentativo
de la defensa respecto a lo que invoca, pese a lo cual, es posible construir gramaticalmente
la aseveración y establecer que la defensa hace referencia a la invocación —que habría
hecho el Tribunal— de una guerra sucia implementada durante el gobierno del
sentenciado Fujimori Fujimori, al margen del ejercicio de su cargo de Presidente de la
República y sin implicación normativa —por lo mismo, de facto—, en contraposición a
una de base normativa y sustentada en el cargo de jefe de gobierno y del aparato militar,
hipótesis que habría sido sostenida por el Ministerio Público.
«Definido lo anterior, conviene efectuar un análisis de la acusación fiscal y de la sentencia
para corroborar si existe o no, la falta de identidad fáctica que se invoca y, en todo