Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

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Extradición, juicio y condena de Alberto Fujimori
«Por otro lado, las investigaciones parlamentarias sobre los casos Barrios Altos y La
Cantuta, en lugar de contribuir a su esclarecimiento lo obstaculizaron; de la misma forma,
actuó la justicia militar, al declarar, únicamente, la culpabilidad de los ejecutores
materiales, negándose a investigar a los Altos Mandos y otras instancias del Estado. Este
mecanismo encubridor, al que debe agregarse la emisión de la referida Ley de Amnistía
y la citada Ley de Competencia, no pudo consolidarse sin que se haya contado con el
decidido apoyo del entonces Presidente Alberto Fujimori Fujimori, en su calidad de Jefe
de Estado» (Subpunto 146 del punto 4.4 del Dictamen Fiscal).
«Los mecanismos de impunidad que operaron en ambos casos Barrios Altos y La Cantuta,
no podía ser obra autónoma de la estructura castrense o de un sector de los aparatos de
inteligencia o servicio secreto del Estado. Fue parte de un plan organizado desde quien
detentaba la Jefatura del Estado […]» (Subpunto 147 del punto 4.4 del Dictamen Fiscal).
k. Sobre la violación de la presunción de inocencia por no aplicación de las reglas
previstas en el artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales
«Queda a criterio y libertad del juez formular o no nueva calificación jurídica del hecho,
conforme a las particulares del caso, la misma que deberá ser objeto de contradicción;
empero, la defensa también puede proponer la suya, como contenido de sus propios
argumentos. Por esta razón, resulta absurdo obligar al juzgador —como, equívocamente,
lo entiende la defensa del sentenciado— que proponga una nueva calificación —o se
desvincule de la ya formulada— cuando éste, en su propio juicio, entiende que es correcta
la calificación propuesta y no contiene o manifiesta error alguno; más aún, si la parte
acusada percibe que la calificación no es la adecuada, ella está facultada para proponer
la que a su criterio tipifica correctamente el hecho propuesto por la parte acusadora y
ser sometida al debate contradictorio; así, en cualquier caso, no solamente se ratifica el
principio acusatorio, sino además se salvaguarda el derecho de la defensa.
«En el presente proceso, esta facultad de la defensa, le ha permitido alegar que los
hechos delictivos cometidos en agravio de Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen y Samuel
Edgard Dyer Ampudia, debían ser calificados como abuso de autoridad, no así como
delitos de secuestro […], aspecto que forma parte de la decisión judicial que ahora
impugna […]. Similar a esta actuación, si dicha parte consideró y advirtió que en los
casos Barrios Altos y La Cantuta, la calificación propuesta por la Fiscalía era errónea,
debió proponer su propia estimación jurídica del hecho; empero, no puede pretender
una desvinculación del Tribunal, pues esta facultad del juzgador —reconocida en dicha
norma procesal—, únicamente, se evidencia y materializa cuando, conforme a su criterio,
no concuerde con la calificación propuesta: si el órgano jurisdiccional no ha propuesto
una nueva calificación —o no se ha desvinculado—, se entiende que concuerda con la
calificación jurídica propuesta y, en este caso, su apreciación jurídica personal del hecho,
solo podrá ser cuestionada después de su manifestación y justificación en la sentencia […].
«Por último, sin perjuicio de haber establecido la imposibilidad jurídica de esta pretensión
impugnatoria, a criterio de esta Fiscalía Suprema —como lo ha detallado en los párrafos
precedentes—, siguiendo la justificación el Tribunal […], se ha probado que el sentenciado