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Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

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El segundo dictamen...<br />

caso de Cantuta. La Ley estableció que era suficiente el voto de sólo tres magistrados<br />

para derivar la causa a la jurisdicción militar; así, el 11 de febrero de 1994, en aplicación<br />

de dicha norma, mediante ejecutoria suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema se<br />

dispuso que la investigación relativa a los hechos <strong>del</strong> caso La Cantuta fuera derivada a la<br />

justicia militar.<br />

«La declaración de culpabilidad, en el fuero militar, se circunscribió a los ejecutores<br />

materiales y se negó o clausuró la imputación —o posibilidad de hacerlo— a los altos<br />

mandos o altas instancias <strong>del</strong> Estado […].<br />

«Los condenados en ese proceso luego fueron amnistiados por la ley número 26479,<br />

Ley de Amnistía, que fue promulgada el 14 de junio de 1995, por el entonces Presidente<br />

Alberto <strong>Fujimori</strong> <strong>Fujimori</strong>. La amnistía se concibió después <strong>del</strong> proceso abierto en la<br />

jurisdicción militar, permitiendo que los condenados por los hechos de La Cantuta salieran<br />

libres el 16 de junio de 1995 —dos días después de la publicación de la ley—. El Consejo<br />

Supremo de Justicia Militar, mediante ejecutoria suprema de 16 de junio de 1995 […],<br />

reconoció la amnistía, con la opinión afirmativa <strong>del</strong> Fiscal General y el Auditor General»<br />

(Subpunto 145 <strong>del</strong> punto 4.4 <strong>del</strong> Dictamen Fiscal).<br />

«[…] La prueba actuada demuestra que Alberto <strong>Fujimori</strong>, siempre tuvo como base la<br />

protección de su asesor Vladimiro Montesinos Torres y <strong>del</strong> general EP Nicolás de Bari<br />

Hermoza Ríos, a quien nombró como Comandante General <strong>del</strong> Ejército; es así que, ante<br />

las denuncias <strong>del</strong> general EP Robles Espinoza —sobre la actuación de aparatos militares<br />

y de inteligencia <strong>del</strong> Estado en la incursión al solar de Barrios Altos y el caso de los<br />

estudiantes y el profesor de La Cantuta, entre otros hechos <strong>del</strong>ictivos y noticiados—,<br />

guardo silencio y minimizó dichas denuncias, empero, dispuso, de manera inusitada, el<br />

destaque <strong>del</strong> citado oficial a la Junta Interamericana de Defensa de la OEA y, luego de<br />

algunos días autorizó su baja arbitraria <strong>del</strong> Ejército.<br />

«A la denuncia <strong>del</strong> general EP Robles Espinoza, se agregó el hallazgo de los restos óseos<br />

de los alumnos de La Cantuta en una zona de Cieneguilla, así como el descubrimiento<br />

<strong>del</strong> lugar adyacente a La Atarjea donde fueron ejecutados extrajudicialmente […].<br />

«A lo anterior, se agrega lo referido por Martin Rivas, al ser entrevistado por el periodista<br />

Hume Hurtado (sesión 26), en el sentido que aceptó ir a prisión a pedido de <strong>Fujimori</strong><br />

<strong>Fujimori</strong>, quien también estaba vinculado a las OEI que ejecutaba el DESTO Colina, en<br />

cuya realización tenía injerencia el SIN; en estas circunstancias se procesaron y<br />

condenaron a los ejecutores en el fuero militar, a quienes se les indicó que dicha acción<br />

era para calmar la presión política y social, pero que nada negativo les iba a suceder. En<br />

ese contexto se les ofreció que saldrían libres mediante una ley de amnistía, que se<br />

ejecutaría luego que <strong>Fujimori</strong> lograra su reelección para el período 1995-2000, e incluso<br />

en el supuesto de no lograr su reelección, se buscaría la forma de emitir la ley de amnistía<br />

antes de finalizar su mandato; finalmente, se expidió la citada Ley de Amnistía que<br />

favoreció a los ejecutores de los casos Barrios Altos y La Cantuta, además de sobreseer<br />

los casos de violación de Derechos Humanos.<br />

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