Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

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Extradición, juicio y condena de Alberto Fujimori
«Incluso el agente Paquiyauri Huaytalla, miembro del Destacamento Colina, señaló (sesión
21) que Martin Rivas le dijo que el Presidente estaba molesto por la muerte del niño en
la operación de Barrios Altos; del mismo modo, Martin Rivas al ser entrevistado por el
periodista Jara Flores (video Nº 1 visualizado en la sesión 30) precisó que las operaciones
de Barrios Altos y La Cantuta fueron una decisión política del Presidente de la República
y su asesor. Precisamente, en este video se aprecia a Martín Rivas, jefe operativo del
DESTO Colina, señalar que sólo una decisión del más alto órgano del Estado podría apoyar
la realización de aniquilamiento de terroristas; que por ello, eliminaron extrajudicialmente
a presuntos subversivos el 3 de noviembre de 1991, en el jirón Huanta, pues eran
infiltrados del PCP-SL, bajo la cubierta de heladeros; que la desaparición forzada y
ejecución extrajudicial de los alumnos y profesor de la Universidad La Cantuta fue la
réplica del atentado a la calle Tarata, ya que por información de inteligencia se sabía que
los participantes de ese ataque estarían en dicha Universidad» (Subpunto 143 del punto
4.4 del Dictamen Fiscal).
Hechos posteriores al caso La Cantuta que reafirman la protección estatal que Fujimori
otorgó a estos hechos: «A lo expuesto precedentemente, conviene anotar otros datos
incriminatorios contra Alberto Fujimori Fujimori, de hechos posteriores a los sucesos de
Barrios y La Cantuta […].
«La investigación judicial se inició el 18 de abril de 1995. Por su parte, el proceso del
fuero militar del caso Barrios Altos, se inició con auto de apertura de instrucción del 5 de
septiembre de 1994 (folio 2058). En virtud del proceso iniciado en la jurisdicción penal
ordinaria, a solicitud del fiscal de la Sala de Guerra, el día 28 de abril de 1995, la Vocalía
de Instrucción del CSJM promovió contienda de competencia; a partir de ese momento
los militares citados se negaron a concurrir al Juzgado Penal por considerarlo
incompetente. El fuero militar, en resolución de 6 de julio de 1995 (folio 2579), resolvió
sobreseer la causa a favor del general EP Julio Salazar Monroe, mayor EP Santiago Martin
Rivas, mayor EP Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, suboficiales EP Pedro Guillermo Suppo
Sánchez, Julio Chuqui Aguirre, Hugo Coral Goycochea, Jesús Antonio Sosa Saavedra,
Nelson Rogelio Carbajal García, Wilmer Yarlequé Ordinola, Jhony Berríos Rojas y Silvia
Ibarra Espinoza, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, en agravio de Alfonso
Rodas Alvitres y otros; y de los delitos de negligencia y contra la administración de justicia
en agravio del Estado. Como fundamento, sostuvo que se acreditó el delito, pero no a
los responsables; esta resolución de sobreseimiento fue confirmada por resolución de
fecha 26 de julio de 1995 (folio 2587), emitida por la Sala Revisora del Consejo Supremo
de Justicia Militar, de forma tal que se clausuró definitivamente el proceso penal militar
[…]» (Subpunto 144 del punto 4.4 del Dictamen Fiscal).
[En cuanto al caso La Cantuta] «Las Fuerzas Armadas, a través del Consejo Supremo de
Justicia Militar, consiguieron, con la intervención del Gobierno constituido, hacerse de
la competencia para el juzgamiento de los hechos perpetrados el 18 de julio de 1992, a
tal efecto, se dictó la Ley de Competencia. El proyecto de ley de la referida norma fue
propuesto el 7 de febrero de 1994 y fue aprobado ese mismo día. La ley aprobada Nº
2629 se publicó el 10 de febrero de 1994 y se promulgó inmediatamente para resolver la
contienda de competencia que tenía pendiente la Sala Penal de la Corte Suprema en el