Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

El segundo dictamen...
«Además, la Directiva de Dominio Nº 001-COFI-DOP/PLN, de 1 de enero de 1992, fecha
posterior a los eventos criminales del denominado caso Barrios Altos, que reemplazó la
anterior directiva y que tuvo como finalidad ejecutar el planeamiento, coordinación y
conducción de las operaciones militares del más alto nivel tendientes a erradicar las
organizaciones terroristas, así como, contribuir en el restablecimiento del orden interno
y la pacificación nacional; esta Directiva de Dominio complementaba la Directiva de
Gobierno Nº 003-91, emitida por Alberto Fujimori Fujimori, como Presidente de la
República, mediante la cual fijó sus objetivos políticos, y proyectó los lineamientos
generales para dicha pacificación.
«Como puede advertirse de lo anteriormente expuesto, los Manuales del Ejército ME
38-20 y ME 38-23 no resultan contradictorios con las mencionadas Directivas, por el
contrario, complementan las acciones del personal de inteligencia militar de los distintos
institutos armados. Todo ello nos permite sustentar la desestimación de la pretensión
impugnatoria del recurrente» (Subpunto 114 del punto 4.4 del Dictamen Fiscal).
«También se ha postulado la valoración arbitraria de documentos y testimonios: “Discurso
del General Hermoza”; “Plan Cipango”; “Entrevista a Santiago Martin Rivas por el
periodista Jara”; “Directivas de Gobierno y de dominio militar”.
«Puede deducirse que este argumento, formulado por la defensa del sentenciado Alberto
Fujimori Fujimori, pretende la exclusión de los mencionados documentos; sin embargo,
estando al carácter de prueba documental que ellos tienen, su valor probatorio radica
en el contenido de los mismos. Además, estas instrumentales, por sí solas, no han
sustentado la decisión condenatoria del Tribunal, pues si bien es cierto, son parte del
acervo probatorio que fundamentan la condena, también lo es, que se ha valorado de
manera integral todos los elementos probatorios y órganos de prueba referidos en la
sentencia impugnada, valoración que ha generado certeza de la responsabilidad penal
de Fujimori Fujimori, en los eventos criminales sub-examine, durante su desempeño
como Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional del Perú. La valoración realizada por el Tribunal se encuentra en armonía con
el criterio de conciencia que la Constitución y la ley procesal faculta a los órganos
jurisdiccionales, por tal motivo, debe desestimarse el argumento formulado» (Subpunto
115 del punto 4.4 del Dictamen Fiscal).
«La parte recurrente ha formulado como causal de violación de la presunción de
inocencia, la deficiente valoración de los documentos desclasificados de los Estados
Unidos, porque no se ha considerado la ley penal aplicable para su apreciación por el
lugar de producción del documento, y tampoco sus fuentes de información no
identificadas.
«En la misma línea del fundamento precedente, sostenemos que los documentos
entregados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica,
tienen el carácter de prueba documental y, en consecuencia, su debate contradictorio
se realizó en el juicio oral, con las garantías del derecho de defensa. El valor probatorio
otorgado por el Tribunal a estos documentos se encuentra debidamente sustentado
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