Libro Sentencia Fujimori b - Biblioteca Virtual del Genocidio Ayacucho

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Extradición, juicio y condena de Alberto Fujimori
del Perú, después de la instauración de su autodenominado “Gobierno de Emergencia y
Reconstrucción Nacional”.
«Compartiendo los fundamentos del Tribunal […], la citada ley constitucional por su
propia naturaleza, en función al órgano del que dimana, es de imposible inaplicación y,
en todo caso, solo reflejó una regla social aplicada y aceptada por la colectividad nacional;
ello tiene su fundamento en la Constitución Política de 1979, cuya vigencia se mantuvo
desde el 5 de abril de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, puesto que la Carta Política
vigente adquirió eficacia jurídica desde esta última fecha […]. Debemos indicar además,
que si bien el Tribunal Constitucional consideró mantener la vigencia de los decretos
leyes dictados durante el denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción
Nacional, de conformidad con lo prescrito por la Ley Constitucional del 9 de enero de
1993; sin embargo, también dejó establecido que dichos decretos leyes pertenecen al
ordenamiento jurídico nacional […], pero que no se convalida su constitucionalidad;
igualmente, ha declarado que siendo normas con jerarquía o rango de ley, éstas son
susceptibles de ser sometidas al control de constitucionalidad que efectúa el Supremo
Interprete de la Constitución, de conformidad con las disposiciones constitucionales
pertinentes de la Carta Política de 1993 […]; además, dichas normas pueden ser
subrogadas o derogadas por otras leyes promulgadas por el Poder Legislativo.
«Por otro lado, respecto a la condición de Presidente Constitucional del Perú —que,
según la defensa, ostentó el sentenciado Alberto Fujimori Fujimori, en el tiempo de
ocurrencia de los actos criminales—, compartimos la interpretación y la postura del
Tribunal Constitucional peruano, el mismo que ha señalado, que cuando Fujimori
Fujimori, con apoyo de civiles y militares, instituyó el denominado Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional, el 5 de abril de 1992, perpetró un golpe de Estado
e instauró una dictadura […]; consecuentemente, desde este momento, el ahora
sentenciado perdió el estatus de Presidente “Constitucional” del Perú […] y sólo se
mantuvo de manera precaria como Presidente del Perú hasta que se declaró su vacancia
en dicho cargo, en noviembre de 2000, en que se nombra como Presidente Constitucional
del Perú, al entonces Presidente del Congreso de la República, Valentín Paniagua Corazao,
de conformidad con las disposiciones constitucionales de la Carta Política de 1993»
(Subpunto 99 del punto 4.4 del Dictamen Fiscal).
b. Opinión de la Fiscalía sobre la supuesta violación del principio de legalidad
penal al calificar los hechos objeto de la sentencia como delitos contra la
humanidad
El principio de legalidad penal en el Derecho Internacional Penal y la tipificación de
«crímenes de lesa humanidad»: «El hecho que no haya existido en la ley penal interna
la figura que, internacionalmente, reconozca alguna de las graves violaciones de derechos
humanos o delitos de lesa humanidad, no ha sido ni es obstáculo para que se dejen de
perseguir tales conductas, ya prohibidas por el Derecho Internacional. En tal medida, la
amplitud de fuentes del Derecho Internacional no entra en contradicción con el principio
de legalidad del Derecho Penal interno puesto que no se exige del operador jurídico que