DELEGACIÓN SAN MARTÍN - CPBA

La ley 26.476, publicada
oficialmente el 24/12/2008, ha
marcado sin dudas una bisagra
en la política tributaria argentina
de los últimos años, al instituir
un régimen de amplios beneficios
que comprende no solo una
moratoria tributaria sino también
un blanqueo de personal y un
blanqueo impositivo.
Bajo el eufemismo de un “acuerdo fiscal” y con el pretexto de una crisis
económica internacional, se han dilapidado años de esfuerzos invertidos en
la construcción de una verdadera cultura tributaria, creando un régimen que
beneficia al contribuyente incumplidor y castiga (como es costumbre en
nuestro país) a aquél que ha intentado cumplir con el deber cívico y moral
que significa el pago de los gravámenes a su cargo.
La excepcionalidad del régimen tampoco repara en una cuestión de
esencial sentido común, tal como lo es que cualquier instrumento de esta
naturaleza debería ser aplicado cuando se sale de una recesión económica
y no a la inversa. Ello es así pues toda herramienta que otorga beneficios
fiscales permitiendo corregir situaciones tributarias pasadas a cambio de un
incremento en la carga fiscal futura1 , resulta útil en un contexto de actividad
económica creciente que posibilita al contribuyente generar los ingresos suficientes
para afrontar sus nuevas obligaciones impositivas. Situación ésta
que no parece ser la imperante en la actual coyuntura argentina.
Al margen de los comentarios generales, nos referiremos a continuación
a algunos aspectos puntuales del régimen de blanqueo impositivo, regulado
en el Título III de la ley 26.476, que creemos que podrían ser mejorados a
efectos de potenciar la adhesión al mismo.
| REALIDAD PROFESIONAL
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dr. alBerto P. Coto
CONTADOR PÚBLICO
Blanqueo Impositivo
algunos aspectos
mejorables
Como punto de partida recordemos que el blanqueo impositivo vigente
hasta el 31/08/2009 permite, mediante la exteriorización de un bien oculto
(no declarado fiscalmente) y el pago de un impuesto especial por parte
del contribuyente, la liberación tanto de los distintos gravámenes que éste
debiera haber tributado oportunamente por los fondos o bienes exteriorizados,
como así también de las eventuales acciones penales tributarias que le
podían haber correspondido.
La tasa o alícuota del impuesto especial dependerá de la combinación
del tipo de bien exteriorizado y de su ubicación o radicación territorial. Así,
a manera de ejemplo, el blanqueo de fondos o bienes del exterior genera un
gravamen del 8%, mientras que en el supuesto de bienes del país, la tasa es
del 6% pudiendo accederse a alícuotas menores (3% o 1%) cuando los fondos
se destinen a determinadas inversiones específicamente determinadas
por la normativa2 .
Sin embargo, los beneficios que se derivan de lo hasta aquí mencionado
(liberación impositiva y penal tributaria a cambio de una baja carga tributaria)
se diluyen cuando nos adentramos en los requisitos que el régimen
impone para el acceso a los mismos, lo cual repercute indubitablemente en
la baja adhesión que el blanqueo ha tenido hasta el momento. Comentamos
a continuación algunas de las situaciones que creemos atentan contra el
éxito del régimen:
• Inmovilización de fondos por dos años: cuando se desee exteriorizar dinero
del país (tasa de imposición del 6%) es requisito que tales fondos
permanezcan depositados en pesos por un término de dos años, en un
plazo fijo especial creado a tal efecto por el B.C.R.A. Esto resulta de aplicación
también para dinero del exterior que se exteriorice e ingrese al
país.
La inmovilización por dos años en moneda local resulta un elemento que
claramente contrarresta los beneficios que presenta el régimen. La posible
fluctuación del tipo de cambio durante dos años sumada a las nefastas
experiencias que nuestro país ha vivido en términos de confiscación o