inaplicación del principio non bis in idem: inexistente

INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM: INEXISTENTE PRESCRIPCIÓN DE LA INFRAC-
CIÓN
La actora sostiene que es de aplicación el principio non bis in idem en tanto que fue sometida a una actuación jurisdiccional penal que
ha concluido con el archivo de la causa (Auto de 28 de marzo de 2000, del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Albacete), diligencias
Previas núm. 958/99), añadiendo la improcedencia de reabrir un nuevo expediente sancionador en tanto que se declaró la caducidad
del expediente del dimanante de la primera acta de infracción levantada por los mismos hechos y sujetos. Sin embargo, dicha
pretensión debe ser rechazada ya que, la caducidad declarada por la Administración en el anterior expediente sancionador no es
óbice para que pueda efectuar de nuevo su potestad sancionadora al no existir presupuesto impeditivo que le inhabilite para el
ejercicio de su acción. Además, y en atención a la aplicación del referido principio, hay que significar que conforme a la jurisprudencia
del TS y TC el significado del principio non bis in idem se traduce en duplicar sanciones penales y administrativas por mor de los
mismos hechos, mientras que en el caso examinado no hay duplicidad de sanciones por los mismos hechos, pues no existió sentencia
condenatoria en el orden penal, motivos por los cuales no resulta acreditada la invocada vulneración, en coherencia con
reiterada jurisprudencia constitucional (SSTC números 23 y 94/86, y 107/89).
ANTECEDENTES DE HECHO:
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Consejería de
Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 5 de abril de 2006, destimatoria del recurso de alzada
interpuesto frente a la resolución de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, recaída en acta de infracción por la que se
impuso una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA.
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª): Sentencia de 16.Noviembre.2009.
Ponente: Ilma. Sra. Doña Purificación LÓPEZ TOLEDO.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Consejería de Trabajo y Empleo: Resolución de 5.Abril.2006.
Normativa:
Artículo 4.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social. Artículo 132.2 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Impugna la actora la resolución de la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, de fecha 5 de abril de 2006, por la que se desestimaba el recurso de alzada entablado frente a resolución de la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral, recaída en Acta de Infracción nº 22/04, expediente 5/04, que impuso a la actora una sanción
por importe total de 60.101,21 # por infracción en materia de prevención de riesgos laborales.
SEGUNDO Esgrime la actora como primer motivo de impugnación prescripción de los hechos por el transcurso del plazo de
cinco años desde que los mismos ocurrieron, en concreto el 2 de julio de 1999, por lo que, a su juicio, habrían prescrito el 2 de julio de
2004, al transcurrir en exceso dicho plazo, sosteniendo que habría operado en el supuesto enjuiciado el instituto prescriptorio. No
obstante, tal pretensión no puede prosperar habida cuenta que si bien el artículo 4.3 del Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece que las infracciones muy
graves, cual es el caso, prescriben a los cinco años contados desde la fecha de la infracción, ese plazo quedó interrumpido al
iniciarse –tras la declaración de caducidad del expediente por transcurso del plazo de seis meses desde la primera Acta de Infracción
hasta la notificación de la resolución sancionadora– un nuevo procedimiento sancionador con la segunda Acta de Infracción de fecha
26 de enero de 2004 de la que trae causa la resolución sancionadora impugnada en las presentes actuaciones, motivos por los
cuales en modo alguno ha transcurrido el plazo a que aduce la parte actora, máxime cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo

132.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se inició el procedimiento sancionador con conocimiento del interesado, interrumpiendo de este modo el plazo
prescriptorio.
TERCERO En accidente de trabajo, con el resultado de muerte del trabajador D. Alonso, que tuvo lugar el 2 de julio de 1999, se
produjo en las instalaciones de la actora, traduciéndose el expediente sancionador en la imposición de una sanción de 60.101,21 €.
Nos dice la demandante que en ningún momento se indicó al referido trabajador que llevara a cabo las funciones necesarias para
reparar el rail del puente grúa, pues sólo se le ordenó por parte del responsable del taller que preparara el material necesario para la
realización de la operación de soldadura, desconociendo, según manifiesta, la causa que llevó al trabajador a ascender por una
escalera de 6,20 metros, cayendo al suelo y produciéndose el fatal resultado, entendiendo la parte actora que el accidente se produjo
por imprudencia profesional del trabajador, en tanto que omitió hacer uso de las medidas de protección disponibles en la empresa,
hallándose en los píes de la escalera un arnés anti-caída para uso de quien ascendiera por ella. A las anteriores consideraciones,
anuda la actora la inexistencia de una situación de riesgo laboral por disponer de medios de protección, sin que el método de trabajo
crease una situación de riesgo grave e inminente para los trabajadores. Por su parte, la Administración remarca el hecho de que el
trabajador ascendió por la escalera sin cinturón de seguridad, en tanto que cuando ocurrieron los hechos no lo llevaba puesto ni
tampoco se acredita que se pusiere a su disposición, escalera de mano que disponía de tacos antideslizantes en su parte inferior
pero no de ganchos de sujeción en la parte superior, calificando incorrecto el método de trabajo, sin que existiera constancia de que
la empresa adoptara las medidas de protección oportunas a que venía obligada, método de trabajo que, tras el accidente, fue
sustituido por la instalación de un andamio tubular para efectuar trabajos en altura.
CUARTO Dispuso el artículo 52 -contenido de las actas- de la Ley 8/1988 de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, que las actas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social deben reflejar los hechos constatados por el Inspector actuante,
destacando los relevantes a efectos de la infracción y producción de la sanción, su producción y cuantificación; y que las Actas de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos en el apartado anterior estarán
dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector
actuante, salvo prueba en contrario. En este sentido,, y entre otras muchas, la STS de 23 de marzo de 1998, nos dejó dicho que la
presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio,
debe reconocerse al inspector actuante (Sentencias, entre otras, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991) y también es reiterada la
jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal que ha limitado el valor atribuible a las Actas de Inspección limitando la presunción de
certeza a sólo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente
deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser los documentos o
declaraciones incorporadas a la misma. En cualquier caso, esta presunción de certeza desplaza, como se acaba de señalar, la carga
de la prueba al administrado, de suerte que éste es quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los
hechos descritos por el Inspector.
Sentado lo anterior, como quiera que el acta que se incorporó al expediente refleja una situación acreedora a la sanción impuesta,
habrá que ver si la prueba articulada por la actora es capaz de desvirtuar la presunción legal de la que goza dicha Acta. Y la
conclusión no puede ser otra que la desestimación del recurso interpuesto sobre tales premisas puesto que destaca, en primer lugar,
que la empresa recurrente omita en todo momento la responsabilidad o culpa in vigilando, por el papel garante de las medidas en
materia de seguridad y salud laboral que le atribuye la ley; en cambio, se dedica en varios momentos, y en fase probatoria, a remarcar
que el método empleado era correcto, así como que disponía de medidas de protección, especialmente en lo que se refiere a
cinturones de seguridad, olvidando quizás que no sólo se exige la presencia física del material de seguridad o proporcionar a los
trabajadores los elementos de seguridad, sino la efectiva utilización por parte de los mismos y vigilancia de tal uso por parte del
empresario, de forma que por este concepto no puede exonerarse la empresa de responsabilidad.
Además, hemos de señalar que respecto a la ausencia de culpabilidad del empresario, que destruye la responsabilidad objetiva
del daño causado, si bien conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, en materia de derecho
administrativo sancionador, éste participa de los mismos presupuestos culpabilistas del Derecho Penal, ocurre en el presente caso
que la empresa no ha desvirtuado la responsabilidad que se infiere de la trasgresión producida de la normativa de directa aplicación,
no habiéndose probado en autos haber obrado con la diligencia debida a fin de desvirtuar la sanción impuesta, máxime teniendo en
cuenta que el Tribunal Supremo (Sentencias de 20 de mayo de 1992, 25 de mayo y 21 de septiembre de 1992) establece la responsabilidad
administrativa de las entidades jurídicas por negligencia de sus empleados en el uso de medidas de seguridad, y aquí
se ha acreditado la falta de medidas de protección, dada la actividad que se realizaba -con independencia de que la ejecución de la
actividad se encomendase o no al trabajador accidentado- y también la falta de medidas generales tendentes a evitar caídas en
alturas o paliar sus efectos, sin que se aprecie exclusión de responsabilidad de la actora, todo ello sin olvidar que tras el accidente se
sustituyó la escalera por un método más seguro cual fue la instalación de un andamio tubular, hecho que revela el uso de un anterior
método de trabajo incorrecto e inseguro de que disponía la empresa demandante en el momento en que se produjo el fatal desenlace.
QUINTO Por su parte, la actora sostiene que es de aplicación el principio “non bis in idem” en tanto que fue sometida a una
actuación jurisdiccional penal que ha concluido con el archivo de la causa (Auto de 28 de marzo de 2000, del Juzgado de Instrucción
nº 6 de Albacete, Diligencias Previas nº 958/99), añadiendo la improcedencia de reabrir un nuevo expediente sancionador en tanto
que se declaró la caducidad del expediente dimanante de la primera acta de infracción levantada por los mismos hechos y sujetos.
Sin embargo, dicha pretensión debe ser rechazada ya que, la caducidad declarada por la Administración en el anterior expediente

sancionador no es óbice para que pueda efectuar de nuevo su potestad sancionadora al no existir presupuesto impeditivo que le
inhabilite para el ejercicio de su acción. Además, y en atención a la aplicación del referido principio, hay que significar que conforme
a la jurisprudencia del TS y TC el significado del principio “non bis in idem” se traduce en duplicar sanciones penales y administrativas
por mor de los mismos hechos, mientras que en el caso examinado no hay duplicidad de sanciones por los mismos hechos, pues no
existió sentencia condenatoria en el orden penal, motivos por los cuales no resulta acreditada la invocada vulneración, en coherencia
con reiterada jurisprudencia constitucional (SSTC números 23 y 94/86 y 107/89).
SEXTO Por último, debe señalarse que al estar la infracción tipificada como muy grave en el artículo 48.8 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, normativa aplicable en el momento de producirse los hechos, -actual artículo
13.10 del citado Real Decreto 5/2000 -, calificándose como muy grave en su grado mínimo de acuerdo con los criterios de graduación
previstos en el artículo 49 de dicha Ley, hemos de estimarla como correcta atendida la magnitud de los hechos que dieron lugar al
acta de infracción, debiendo concluir que se ha respetado el principio de proporcionalidad existente entre la calificación de los hechos
y la sanción impuesta, pues lo cierto es que ni objetivamente resulta desproporcionada la sanción impuesta, ni se cohonesta mal con
la entidad de los hechos de tanta relevancia personal y social como la presente, pues sólo desde esta perspectiva se logrará evitar
con mayor rigor y eficacia los riesgos que el desarrollo de ciertos trabajos supone; nótese que hay un interés social intenso que no
sólo ha de afectar y beneficiar al trabajador en sí, como principal interesado, sino a la larga del mundo social-laboral y empresarial.
SÉPTIMO Argumentos los expuestos que conducen a la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, al ser
el acto administrativo definitivamente impugnado conforme a Derecho, sin que se aprecien méritos especiales para hacer pronunciamiento
sobre costas procesales causadas (artículo 139 de la Ley Jurisdiccional).
F A L L A M O S.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la
actora contra resolución de la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 5 de
abril de 2006, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a resolución de la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral, recaída en Acta de Infracción nº 22/04, por la que se impuso una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos
laborales, declarándola ajustada a Derecho y manteniéndola en su contenido; sin costas.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos originales y la que se notificará oportunamente
a las partes, la pronunciamos, mandamos y firmamos.