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LA RUTA DEL ESCLAVO EN EL RÍO DE LA PLATA: SU HISTORIA Y SUS CONSECUENCIAS
A partir de 1848 el gobierno del Cerrito también prohíbe que los estancieros brasileños
trasladen sus haciendas desde las estancias orientales a las estancias del otro lado de la frontera,
afectando la producción de las charqueadas. Con la prohibición (en Brasil desde 1850) del
tráfico de esclavos el valor de los mismos aumenta y en algunas estancias esta mano de obra
desaparece.
Una de las medidas adoptadas por los hacendados brasileños, que se consideraban súbditos
del imperio a pesar de tener sus propiedades en territorio oriental, fue reclamar ante éste
para que presionara al gobierno del Cerrito a abandonar sus medidas. Paralelamente, José Pedro
de Abreu, (Chico Pedro o Moringue) Barón de Yacuí, propietario de campos en Salto y Artigas,
iniciaba sus famosas californias o moringadas, consistentes en el robo de ganados y negros que
se vendían en las ciudades de Alegrete, Bagé y Pelotas. Esto queda registrado en los informes del
Jefe Político de Tacuarembó que sostienen que las sanciones aplicadas a los súbditos brasileños
son por violar diferentes leyes nacionales, cometer delitos comunes y por el robo y caza de
negros libres en nuestro territorio para ser conducidos a la provincia vecina y reducidos a esclavitud.
Las listas de propietarios brasileños en la frontera en 1850 revela que existían 1181 dueños
de estancias que sumaban 3403 leguas de campo, es decir 8 millones y medio de hectáreas
pobladas de ganados que alimentaban los saladeros fronterizos. (Barrios Pintos, 1990)
En 1851 se firman los tratados de paz que ponen fin a la Guerra Grande y los propietarios
brasileños recuperan la plenitud de sus derechos, incluyendo la propiedad de esclavos. Esto
generó las condiciones para que un nuevo flujo de inmigrantes vinieran a ocupar las tierras de
la frontera uruguaya con capitales, ganados y más esclavos.
Las leyes nacionales prohibían la introducción de esclavos, pero se generó un sistema de
registro que disfrazó la esclavitud bajo la forma de contratos de coloniaje con una duración
promedio de 20 años, extendida hasta 40 años, fijando un salario anual que era la mitad del
acostumbrado a los peones orientales. (Acevedo Díaz, 1933)
En octubre de 1852 el gobierno nacional envía a los gobiernos departamentales una
circular estableciendo los mecanismos para realizar este trámite de devolución: debía mediar
una denuncia escrita o verbal del propietario, presentarse ante el Jefe Político departamental y
exhibir la documentación de propiedad del esclavo. En el Artículo 6 se establece la prohibición
de introducir esclavos desde Brasil bajo la condición de peones, para lo cual se debería presentar
ante el Juez la carta de libertad primero. Este sistema de reclamo permitía salvar las apariencias,
ya que para los propietarios no era demasiado difícil demostrar la propiedad de los esclavos,
habida cuenta de que muchos estaban registrados a ambos lados de la frontera y los nombres de
los sirvientes se repetían de tal manera que uno podía pasar por otro y hacer legítimo el reclamo.
Dado el marco sociocultural de la época creemos que las autoridades no pusieron demasiado
empeño en verificar la documentación o veracidad del reclamo.
Esto puede comprobarse estudiando los libros de Bautismo de Tacuarembó, donde encontramos
como hecho singular el bautismo de siete negros adultos procedentes de África, la
mitad de los bautismos de ese año 1852, con lo cual queda demostrado lo relativo del cumplimiento
estricto de la ley. En materia religiosa es interesante recordar las sucesivas denuncias
Eduardo R. Palermo
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