La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata: su ... - unesdoc - Unesco

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la Provincia Oriental aprobó el 5 de setiembre una ley que reinstauraba la vigencia de la libertad
de vientres y la prohibición del tráfico de esclavos. (Comisión Nacional de homenaje del
Sesquicentenario de los hechos históricos de 1825, 1975) Sin embargo, su puesta en vigencia, al
igual que en el período anterior, fue resistida. En las plazas de Colonia y Montevideo continuó
el dominio brasileño hasta la firma de la Convención Preliminar de Paz entre la República de las
Provincias Unidas (de la que formaba parte la Provincia Oriental) y el Imperio de Brasil. Allí,
por tanto, no se aplicaba lo resuelto en 1825 y correspondió al gobierno provisorio del nuevo
Estado reparar esa situación. A pesar de que la Asamblea Constituyente y Legislativa había sido
instalada en diciembre de 1828, la minuta de resolución sobre el tema no fue presentada hasta
enero de 1830. Finalmente se resolvió por la afirmativa, pero argumentos legalistas se interpusieron
para evitar que tuviera vigencia desde la misma fecha que en el resto del territorio. Quedaron
en minoría posiciones como la de Tomás Diago, quien había expresado: “sufra un pequeño
ataque la propiedad y que triunfe la humanidad oprimida”. (Presidencia de la República, tomo
VI, 1980)
Las otras “trampas” legales se vinculaban con los reglamentos de presas de buques corsarios.
La reglamentación aprobada en las Provincias Unidas en 1816 establecía que en el caso de que
entre las presas hubiera negros, éstos serían destinados al ejército o al servicio de particulares,
siendo considerados libres después de cierto período de tiempo según el caso. En la guerra
contra el Imperio del Brasil se recurrió nuevamente a las Patentes de Corso, y se calcula que
fueron apresados buques negreros con más de 3.000 personas, las que fueron ingresadas en
calidad de “libertos”. La Jefatura de Policía de Buenos Aires se encargaba del alistamiento de
aquellos útiles para el ejército y el reparto de los demás, hasta que un decreto de setiembre de
1827 facultó a los dueños de las embarcaciones para empeñar ellos mismos el servicio de los
libertos, valuándolos en 200 pesos cada uno y dejándolos sometidos a un régimen de patronato
similar al de la reglamentación de 1813. Para completar este mecanismo semi-encubierto de
introducción de esclavos, se habilitó la cesión o venta de los patronatos. (Crespi, 1995)
La incorporación al ejército
La formación de batallones de morenos y pardos reconocía antecedentes coloniales.
En una guerra de recursos constituían un “botín” codiciado y su utilización para engrosar
las filas de todos los bandos no implicaba cuestionar la institución de la esclavitud, en
tanto los derechos de los particulares eran traspasados al Estado. Las Provincias Unidas,
por ejemplo, formaron con pardos y morenos libres los regimientos N° 6 y N° 9 que se
emplearon en los frentes de la Banda Oriental y Alto Perú, Y con esclavos “rescatados” a
sus amos en los regimientos N° 7 y N° 8 de Infantería y Segundo Batallón de Cazadores.
Un decreto de la Asamblea Constituyente del 31 de mayo de 1813 autorizó al gobierno a
formar un regimiento de negros esclavos, “pagando a sus propietarios el respectivo importe”.
(Ravignani, 1937) También se formó el Regimiento de Infantería N° 10 de integración
mixta, aunque mayoritariamente con afrodescendientes: los morenos eran aproximadamente
el 75 por ciento, los pardos el 8 por ciento y sólo el 17 por ciento restante, blancos.
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