Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

des de género en esas sociedades. Los derechos son una condición para la ciudadanía, y las mujeres
los tienen legalmente adquiridos, pero es en el ejercicio de esos derechos cuando se pueden
observar las dificultades existentes. Las mujeres no ejercitan sus derechos en el mismo grado ni con
los mismos efectos que los hombres porque existen opresiones, roles específicos atribuidos según
el género y condiciones materiales de falta de oportunidades.
El pensamiento político moderno, por lo general, ha venido asumiendo que la universalidad de la
ciudadanía implica, también, una universalidad en el sentido de que el estatus de ciudadano trasciende
la particularidad y la diferencia. Cualesquiera que sean las diferencias sociales o de grupo
entre los ciudadanos, independientemente de sus desigualdades en términos de riqueza, de estatus
y de poder en las actividades cotidianas de la sociedad civil, el ser ciudadano concede a todas
las personas idéntica categoría de pares en la esfera de la política pública. Los derechos de
ciudadanía son ahora legalmente iguales para las mujeres y los hombres. La desigualdad real
aparece en la posibilidad de ejercerlos. Aunque gran parte del debate se ha centrado en la diferencia
en los derechos políticos, existen todavía grandes dificultades en los derechos civiles y en
los sociales. Muy a menudo los derechos civiles —concretados básicamente en la igualdad y la libertad—
no están garantizados para muchas mujeres en la esfera privada de la familia. También
los derechos de ciudadanía social —tales como prestaciones por paro, jubilación y seguridad social—
son muy a menudo discriminatorios, ya que el ciudadano, en orden a recibir los derechos,
debe ser un trabajador asalariado.
El concepto de ciudadanía ha sido el foco de un extenso debate entre 1980 y 1990. Una de las
voces más críticas sobre la convencional neutralidad del “ciudadano” es Carole Pateman (4). Para
ella, desde los inicios de la era moderna, las mujeres se han incorporado al estado no como ciudadanas
igual que los hombres, sino como miembros de la familia, una esfera separada de la sociedad
civil y del estado. También otras teóricas del feminismo, filósofos y científicos sociales han
desarrollado críticas a la concepción liberal de ciudadanía por el sesgo de género que presenta,
a pesar de su aparente neutralidad. El concepto de ciudadanía asume un indiferenciado estatus
de ciudadano construido a partir de la concepción del ciudadano como trabajador, especialmente
un trabajador organizado con reconocimiento de derechos en tanto tal. Este ha sido el punto de
partida de los análisis feministas y de la discusión sobre si los modelos de estados de bienestar
propuestos por Esping-Andersen eran suficientemente explicativos. Las principales críticas se centran
en la falta de reconocimiento de la importancia de las familias y del trabajo no remunerado
de las mujeres en la provisión del bienestar social, y se basan en los siguientes aspectos: (a) la distinción
entre público y privado en la provisión del bienestar (o asistencia), deja de lado a las familias
como uno de los mayores proveedores de bienes y servicios asistenciales; (b) solo se contabiliza
la provisión del bienestar cuando es realizada a través del estado o del mercado, ignoran-
(4) Pateman, C. (1988) The Sexual Contract. Cambridge: Polity Press. También (1988) “The Patriarchal Welfare State”
en A. Gutmann (Ed.) Democracy and the Welfare State. Princeton: Princeton University Press.
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