Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

En cuanto a los derechos sociales, las propuestas del grupo de trabajo XI de la Convención han estado
dirigidas a consolidar y desarrollar el modelo social europeo, sobre la base de los principios
claves como la igualdad (en primer lugar de género), la solidaridad, el pleno empleo y la protección
social. Gran parte de sus propuestas: la promoción del pleno empleo, la justicia social, la paz
social, el desarrollo sostenible, la cohesión económica, la cohesión social, un nivel elevado de protección
social, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos del niño (y de la niña), un nivel
elevado de la sanidad pública y unos servicios sociales y servicios de interés general eficaces y de
alta calidad, han sido incluidas en el artículo I-3 del proyecto constitucional.
El contenido del texto constitucional en relación con el género no ha satisfecho las aspiraciones del
conjunto de las organizaciones de mujeres que han demandado durante meses la introducción de
un Título coherente y completo sobre “Igualdad de las mujeres y los hombres” que debería ser introducido
en la parte de la futura Constitución consagrada a las políticas. De esta forma se introduciría
una base sólida para un marco legal europeo integrado y que serviría de marco para dotar
de los medios necesarios para emprender medidas eficaces. En suma, se proponía un nuevo título
que englobara: una medida de carácter general que defina un marco legal para una política
europea de igualdad entre mujeres y hombres, unos medios para que la Unión Europea pueda
combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, la introducción de acciones positivas en
todos los ámbitos como medio para conseguir la igualdad total y por último una medida específica
sobre la igualdad mujeres-hombres en el ámbito del empleo y la vida profesional (LEF 2003).
En relación con la cohesión social y la solidaridad, las organizaciones de mujeres consideran que
la Comunidad debería reconocer la importancia de los sistemas de protección social universales,
el derecho de las mujeres a un nivel elevado de protección social en todas las etapas de la vida,
la necesidad de adaptar las medidas de protección social a las formas diversas y cambiantes de
las familias y la necesidad de reforzar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras temporales
y a tiempo parcial en un mercado de trabajo en constante cambio (LEF 2003).
No obstante, la construcción de Europa no es solamente una cuestión de textos legislativos, acuerdos
entre gobiernos y directivas comunitarias. El futuro de la Unión Europea tiene inevitablemente
que basarse en la participación activa del conjunto de los actores sociales y en la totalidad de los
recursos humanos con que cuenta Europa. En este sentido, no podemos considerar que en la
Unión Europea existe un pleno reconocimiento de los derechos de la ciudadanía si el principio de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no constituye una realidad en las diferentes
facetas de la vida política, social y económica.
En este sentido cabe destacar que la historia de los países de la Unión Europea y la historia de la
Unión Europea en sí es una historia de exclusiones en la que las mujeres no han sido consideradas
ciudadanas de pleno derecho con iguales derechos civiles, políticos, sociales y económicos.
La realidad europea constituye, aún hoy, una sociedad en la que no se reconoce a las mujeres la
igualdad en el acceso a los puestos de decisión política, produciéndose una confiscación del poder
político por parte de los hombres (Vogel Polski 1998).
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