Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

A nivel comunitario, la CEE afronta la revisión del Tratado de Roma que se concretará en el Acta
Única de 1986 que permitirá una mayor agilidad en el proceso de toma de decisiones a partir de
la mayoría cualificada. La incorporación en 1986 de España, con un gobierno de izquierdas, y
Portugal propiciará la incorporación de la dimensión meridional en el conjunto de los Doce países
miembros. En el conjunto de las instituciones comunitarias la Comisión de los Derechos de la
Mujer del Parlamento Europeo comenzó a tener un cierto peso en la definición de políticas y en la
Comisión Europea el “Women´s Bureau” permitió un impulso de las políticas de igualdad en el
conjunto de las políticas comunitarias.
En este contexto se produce una creciente influencia de las organizaciones de mujeres, sindicatos
y partidos políticos. Son los años en los que en la mayoría de los países europeos se crean organismos
de igualdad responsables de aplicar a nivel nacional las políticas comunitarias en materia
de igualdad. Son los años en los que el llamado “Feminismo de Estado” (Folguera 1988) consigue
ampliar su influencia en las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como autonómico.
Durante estos años se llevan a cabo una serie de propuestas legislativas como la Directiva destinada
a aplicar el principio de igual trato entre las mujeres autoempleadas y las mujeres del sector
primario y la Directiva sobre permiso parental que tardará bastantes años en ser aprobada. La primera
Directiva de los años ochenta pretendía establecer una definición del trabajo no asalariado
desempeñado por bastantes mujeres, fundamentalmente en el sector agrícola. En ella se pretendía
establecer las diferencias existentes entre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo desempeñado
en la empresa familiar que por tanto debía ser equiparado a cualquier otro tipo de trabajo
asalariado. El texto pretendía resaltar el papel dentro de las empresas familiares, dotándoles
con status profesional que les permitiera posteriormente contar la protección social necesaria en
función del tiempo en el que se había desempeñado una actividad profesional. En su gestación
cabe destacar el papel jugado por las organizaciones de mujeres y muy especialmente por la
Comisión Femenina de la COPA, la más poderosa organización de agricultores y agricultoras a nivel
europeo.
En 1989 se aprobó la Carta Social Europea. En ella, aunque la referencia a la igualdad de trato
era poco extensa, se establecía claramente la necesidad de desarrollar el principio de igualdad
de oportunidades y la igualdad de trato, considerado este como un concepto más amplio que aseguraba
en mayor medida el acceso de las mujeres, que partían de una situación de desigualdad,
a las mismas condiciones laborales que los hombres. Aparece igualmente una dimensión prácticamente
inédita hasta este momento; la necesidad de que tanto hombres como mujeres conciliaran
obligaciones familiares y profesionales, integración que el feminismo había defendido desde los
años ochenta al igual que había denunciado la ficticia división entre lo privado y lo público. La
Carta Social fue adoptada en el Consejo Europeo de 7 de diciembre de 1989 por once países
con la excepción del Reino Unido.
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