Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

de la misma compañía. El caso fue visto durante el año 1968 por los tribunales nacionales belgas
y posteriormente, en 1970, fue visto ante el Tribunal de Luxemburgo que falló en el sentido de considerar
que debía aplicarse el artículo 119 en toda sus extensión (Hoskyns1996). De cualquier forma,
puede afirmarse que ambos casos sirvieron para impulsar la política comunitaria en materia
de igualdad durante los años setenta.
Los años setenta son años de importantes cambios económicos, políticos y sociales en el contexto
de la CEE: en mayo de 1968 se producen en toda Europa importantes movilizaciones, en 1973
se produjo la ampliación de la CEE a Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, tiene lugar el acceso
del SPD al poder en Alemania en 1969 y en 1973 tuvo lugar la crisis del petróleo que afectó al
conjunto de la economía mundial y generó millones de personas desempleadas.
En el contexto social, deben recordarse las importantes movilizaciones a que dieron lugar el mayo
francés y el significativo desarrollo de lo que se ha denominado segunda oleada de feminismo en
toda Europa. En este contexto se aprobaron por parte de la CEE tres Directivas de 10 de febrero
de 1975 sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras,
Directiva de 9 de febrero de 1976 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al empleo, a la formación y a la promoción profesional
y la Directiva de 19 de diciembre de 1978 relativa a la aplicación progresiva del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. A diferencia de estas
Directivas, puede afirmarse que otras propuestas en materia de política social como era el caso de
la regulación de la migración en el marco de los seis países comunitarios, apenas encontraron eco
en el complejo proceso de discusión y aprobación de las instituciones europeas, lo que refleja, sin
duda, la creciente opinión pública que se genera durante estos años en torno a las reivindicaciones
de las mujeres.
Las nuevas Directivas, relacionadas con las condiciones de trabajo y con la seguridad social estaban
fundamentadas en el concepto de igualdad, o en otros términos, en la igualdad de trato se incorporaba
cualquier prohibición de cualquier discriminación directa e indirecta. Este último concepto,
la discriminación indirecta, aplicada a situaciones en las que se daba una igualdad formal
pero no real, suponía un claro avance en cuanto a la formulación de las políticas de igualdad entre
hombres y mujeres, ya que preveía las potenciales diferencias entre la igualdad formal y su
aplicación en unas condiciones sociales y económicas que garantizasen la libertad de mercado
en la esfera económica. En efecto, la introducción del concepto de igualdad de trato frente a la anterior
Directiva que establecía la igualdad de remuneración reflejaba la receptividad de las instancias
comunitarias ante las demandas del movimiento feminista y de los partidos políticos que argumentaban
cómo este nuevo concepto incluía todas las posibles contingencias que debían garantizar
la correcta aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. En segundo lugar,
aunque no por ello menos importante, las instancias comunitarias eran conscientes de la necesidad
de atraer a un mayor número de mujeres al mercado de trabajo en unas condiciones de
auténtica igualdad.
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