Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

ciales de la población femenina, apenas obtuvo la atención de las instancias comunitarias para su
aplicación y desarrollo en los seis países que en esos años formaban la CEE.
Varios hechos, no obstante, sirvieron de detonante para que la Comisión Europea decidiera impulsar
la política social en el seno de la CEE y establecer un programa para la aplicación del artículo
119 que fuera adaptable a las políticas nacionales de los diferentes países miembros. A partir
de mayo de 1960, el Consejo de Ministros acordó acelerar la primera etapa en el desarrollo
del Tratado reduciendo las tarifas internas, pero para ello era necesario avanzar en la definición
de la política social, y entre otros aspectos, la aplicación del principio de igualdad de remuneración.
Por ello, la Comisión preparó una Recomendación que fue enviada al Consejo de Ministros
de julio de 1960 en la que se hacía hincapié en aquellas situaciones en las que se produjeran situaciones
de discriminación en los salarios de hombres y mujeres que realizasen un mismo trabajo,
sin mencionar el concepto de salario igual para un trabajo del mismo valor, sin que por otro
lado se estableciesen medidas para su correcta aplicación en los seis países miembros. La falta de
respuesta por parte de estos propició que la Comisión decidiera enviar al Consejo una Resolución
en la que se explicitaba que los países miembros debían adoptar "medidas apropiadas" para la
aplicación del artículo 119 (Heynig 1965). No obstante, estas medidas tuvieron escaso impacto
en la realidad social de la sociedad europea, dado que ni los gobiernos nacionales, ni los sindicatos
mostraron ninguna disposición a presionar en el nivel comunitario o nacional en favor del
principio de igualdad de remuneración.
El impacto posterior del artículo 119 del Tratado de Roma fue mayor de lo que los propios artífices
del mismo esperaban. Los sucesivos Reglamentos, Directivas, Decisiones y Recomendaciones
conforman un auténtico cuerpo de leyes de no discriminación que incidirán posteriormente de forma
muy directa en la legislación a nivel nacional y conformarán un nuevo marco de actuación en
el proceso de construcción de la ciudadanía social. La incidencia de estas normas se hizo más visible
a partir de la actuación del movimiento de mujeres durante los años sesenta y se tradujo en
la aprobación durante esos años de tres Directivas y de sucesivos Programas de Acción
Comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
A partir de 1966 tuvieron lugar las primeras movilizaciones a favor del artículo 119. El 15 de febrero
de 1966 tuvo lugar en Herstal (Bélgica) una huelga de 3.000 mujeres por la aplicación del
artículo 119, dado que no se recogía en el convenio de las fábricas de esta ciudad la cláusula de
igualdad de pago de retribución entre hombres y mujeres. Las movilizaciones obtuvieron un gran
eco en la prensa belga y en la prensa europea, y propició la presentación de mociones en favor
del reconocimiento de esta cláusula en el conjunto de los convenios colectivos de los seis países entonces
miembros de la CEE.
Otro caso que sirvió como detonante para el desarrollo y aplicación del artículo 119 fue el caso
Defrenne, en el que una azafata de las líneas aéreas Sabena apeló, primero ante las instancias
nacionales y posteriormente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ante el hecho
de tener que jubilarse a la edad de cuarenta años, con la lógica pérdida de contraprestaciones
sociales y de producirse una evidente discriminación en relación con los trabajadores varones
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