Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

En efecto, hay que destacar que, en lo que se refiere al artículo 119, es necesario resaltar que su
negociación y posterior desarrollo se sitúan concretamente en dos factores: el debate sobre la
igualdad de retribución que tuvo lugar en las organizaciones internacionales en el período posterior
a la IIGM, y en segundo lugar, la situación de las mujeres en Francia, en años cuarenta y cincuenta
que determinaron las demandas francesas en el contexto de la negociación del Tratado de
Roma.
En efecto, el principio de igualdad de retribución para hombres y mujeres formaba parte en los
años cuarenta del conjunto de derechos humanos que se definieron durante la década de los cuarenta
en las grandes declaraciones y convenios internacionales. En 1951 se adoptó por parte de
la OIT la Convención nº 100 este principio y la Recomendación sobre la igualdad de retribución
entre trabajadores y trabajadoras para “un trabajo de igual valor". La Convención 100 constituyó
un importante antecedente para la posterior redacción del artículo 119.
La realidad en la mayoría de los países europeos durante los años cuarenta y cincuenta era la de
mantener diferentes tasas de salarios para hombres y mujeres. El argumento para la existencia de
estos era el absentismo laboral de la población activa femenina, así como su menor especialización
debida a la fragmentación de su trayectoria profesional condicionada siempre por la maternidad
y otras contingencias biológicas y en último término, las menores necesidades económicas
y sociales de las mujeres. Por ello, la Convención nº 100 venía a destacar la necesidad de valorar
el trabajo, independientemente de la persona que lo realizase. En efecto, la formulación "trabajo
de igual valor" frente a la formulación "igual trabajo" pretendía resaltar el hecho de que la evaluación
debía depender del tipo de trabajo y no de la persona. No obstante, esta fórmula pronto
evidenció que permitía igualmente establecerse nominalmente diferentes categorías profesionales,
con lo que a las mujeres se les asignaban las categorías peor remuneradas. Otro aspecto del debate
fue la introducción del concepto de remuneración que hacía referencia al hecho de que el
principio de igualdad debía aplicarse a la cantidad total percibida por las trabajadoras y no estrictamente,
como se pretendía, al salario base. Como resultado de estos debates, tanto en el ámbito
de las organizaciones sindicales como en la OIT, los ministros que negociaban el Tratado de
Roma se familiarizaron con algunos de los aspectos del debate en el seno de los sindicatos y de
las organizaciones internacionales, tal como lo recuerda Michel Gaudet (Hoskyns 1994).
En cuanto a Francia, ya había incorporado desde los años treinta el principio de igualdad de remuneración
que tras la guerra quedó incluido en los programas de los partidos políticos de izquierda,
demanda anterior al derecho al voto que sólo se consiguió en 1944 y durante los años
cuarenta, especialmente en lo que se refiere a la Constitución de 1946, en la que se garantizaba
la igualdad de derechos en todos los ámbitos y la ley de 1950 en la que se regulaba la negociación
colectiva de forma que todos los convenios colectivos debían incorporar el principio de igualdad
de remuneración. Por ello, los negociadores del Tratado defendieron la inclusión del principio
de igualdad de remuneración en el mismo.
Durante los años posteriores a la firma del Tratado de Roma el artículo 119, que había sido incluido
en el Tratado más por razones tácticas y de acuerdos entre países que por las demandas so-
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