Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

contexto, el Tratado de Roma venía a dar respuesta a la necesidad de propiciar un clima favorable
para el entendimiento entre los países anteriormente contendientes durante la Segunda Guerra
Mundial.
Como es bien conocido por todos y todas tanto el Tratado de la CECA de 1952 como los Tratados
constitutivos de la CEE de 1957 tenían como objetivos fundamentales crear un marco adecuado
para que los seis países firmantes del Tratado de Roma: Francia, Alemania Federal, Italia, Países
Bajos, Bélgica y Luxemburgo, pudieran, después del prolongado período posterior a la Segunda
Guerra Mundial de recuperación de sus economías nacionales, propiciar un clima favorable a los
intercambios económicos, especialmente en lo que se refiere al carbón y al acero. En efecto, a
partir de 1945 Europa debe afrontar las nuevas exigencias de un período en el que se presentaba
como hecho ineludible el frenar el declive del continente en el contexto del mundo occidental.
No obstante, durante las negociaciones previas a los Tratados de Roma, se evidenció que, aunque
el objetivo prioritario era sin duda el facilitar e impulsar las relaciones económicas entre los países
susceptibles de firmar los Tratados, entre los negociadores, especialmente Francia, existía la voluntad
de avanzar más allá de un área de libre comercio a una unión aduanera, de forma que el
Tratado de Roma debía sentar las bases de una "unión económica" o un "mercado común". Las
implicaciones de esta nueva realidad suponía no solamente la desaparición de las barreras aduaneras
y controles del comercio sino también la creación de un espacio económico común en el que
era necesario afrontar un cierto grado de armonización de las previsiones sociales, y por tanto de
sus costes, entre los seis países firmantes. En este sentido, la delegación francesa se mostró especialmente
sensible al hecho de que si se producía un inevitable descenso de tarifas debía aplicarse
en compensación el principio de igualdad de remuneraciones en el conjunto de la CEE con el
fin de que no se produjese una situación de competencias desleal entre los trabajadores y trabajadoras
de los diferentes países firmantes.
Es en este contexto en el que debe incluirse la referencia a la variable de género en el Tratado de
Roma que responde en el año 1957, no a una demanda de las mujeres europeas sino fundamentalmente
a la necesidad de conciliar la propuesta francesa de incluir el principio de igualdad de
remuneración y la necesidad de no distorsionar el principio de libre competencia entre países, evitando
en todo caso la transferencia de mano de obra barata, mano de obra femenina fundamentalmente,
de unos países a otros (Hoskyns 1996).
A pesar del indiscutible desarrollo del feminismo que se produce en Europa durante los años setenta
que pueden explicar en cierta medida el desarrollo de las políticas de igualdad entre hombres
y mujeres en el contexto de la CEE, este hecho no explica por sí solo la génesis de las primeras
medidas legislativas y su posterior desarrollo tanto a nivel comunitario como en los seis países
que en 1957 constituyeron la Comunidad Económica Europea.
De cualquier forma, es necesario destacar que la redacción final de los artículos 119 y 120 estuvo
definida fundamentalmente por razones funcionales dirigidas a garantizar el objetivo prioritario
del Tratado, esto es la puesta en marcha de un futuro "mercado común". De esta forma la política
social europea aparecía integrada en los artículos (Folguera 1998).
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