Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde
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Mientras la igualdad y la igualdad de oportunidades no se enfrenten a esas suposiciones en la teoría y en la práctica no podrán satisfacer plenamente sus objetivos. Una ciudadanía con género no significa desarrollar modelos de ciudadanía diferentes para hombres y para mujeres, ni reconocer distintas bases para los derechos que de ella se deriven. Más bien significa ampliar esas bases para acomodar un mayor conjunto de necesidades (y capacidades) a la vez que se descongela la rígida división por géneros del trabajo y de las responsabilidades. 2. Disposiciones de género en el contrato social de la posguerra (4) Según Colin Crouch, en el mundo occidental industrializado se desarrolló un contrato social que definía las relaciones y equilibrios entre la sociedad, la política y la comunidad, así como entre lo privado y lo público. Dicho contrato social incluía un equilibrio entre los siguientes cuatro rasgos: a) una estructura industrial, en lugar de agrícola, ocupacional y económica; b) un marco primordialmente capitalista; c) una estructura de instituciones sociológicamente liberales con relación a las instituciones tradicionales de la comunidad; d) la idea de que casi cada persona adulta que vive en ellas posee ciertos derechos como ciudadana (5). El hecho de que existiera ese equilibrio entre esas características identificaba a esos países como los que compartían un patrimonio y una visión comunes, pero la diversidad en la forma de establecer ese equilibrio producía diversidad entre los países. Además, esos equilibrios no se obtuvieron sin tensiones, conflictos y contradicciones internos. Las maneras que tuvieron esas sociedades de enfrentarse a aquellas tensiones las diferenció aún más entre ellas a la vez que abrió caminos singulares hacia el cambio. Las potenciales tensiones entre las lealtades privadas y los requisitos del mercado se solventaron separando la esfera y las normas de pertenecer a unas relaciones familiares de las de pertenecer a un lugar de trabajo. La división por géneros del trabajo dentro de la familia se convirtió en un medio crucial con el que efectuar esta separación, tanto simbólica como prácticamente. Las disposiciones de los estados del bienestar fueron un segundo modo de enfrentarse a las tensiones. Esos dos “modos” de gestionar el conflicto (las disposiciones familiares y las de los estados del bie- (4) Lo he desarrollado más en Saraceno “Changing Gender and Family Models: Their Impact on the Social Contract in European Welfare States”, en O. Zunz, L. Schoppa and N. Hiwatari (eds.), Social Contracts under Stress, Nueva York, Fundación Russel Sage, 2002, pp. 204-31. (5) Colin Crouch, Social Change in Western Europe (Oxford: Oxford University Press, 1999), 34-35. 258
nestar) se cruzaban e interactuaban. Las familias, tanto los hogares como las redes de parientes, eran el núcleo de redistribución de los ingresos y el eslabón con las prestaciones del estado del bienestar para quienes no tenían un acceso directo a ellas debido a su edad o género. Simultáneamente, los modelos de género y los comportamientos intergeneracionales, los patrones de la solidaridad y de las obligaciones por las que las familias encarnadas resultaban claves para las disposiciones del bienestar contribuían a distinguir los regímenes del bienestar (6). Las provisiones de los estados del bienestar también afectaron a las disposiciones de género e intergeneracionales dentro de las familias al institucionalizarse las dependencias familiares. Se establecieron tan sólidamente en los sesenta que acabaron pareciendo naturales, aunque variaran de grado en los distintos países. Al regular las relaciones y las condiciones laborales y definir qué necesidades se podían reconocer y apoyar socialmente, la legislación y después las políticas sociales han regulado de manera implícita la familia y la formación de los hogares. Esto ha ocurrido de dos maneras: redefiniendo las relaciones de dependencia e interdependencia entre los géneros y las generaciones y modificando las condiciones y costes de la reproducción recompensando o desanimando realmente patrones familiares particulares. Podemos percibir los efectos de este sistema en la introducción de las pensiones para la tercera edad a principios del siglo. De hecho, contar con una pensión no solo le permitía a la persona de la tercera edad mirar hacia el futuro con cierta seguridad después de abandonar su trabajo, sino que también le permitía no depender demasiado en exclusiva de sus parientes. Las restricciones en la mano de obra femenina e infantil, junto con la introducción de la escolarización obligatoria, constituyeron medios de facto de regular las relaciones de género y entre generaciones en los hogares de las personas trabajadoras distinguiendo a sus miembros como “mano de obra” o “dependientes de la familia.” (6) Ver, Gøsta Esping Andersen, Three Worlds of Welfare Capitalism (Bristol: Polity Press, 1990). Ver también la beca feminista: Jane Lewis, ed., Women and Social Policies in Europe: Work, Family and the State (Cheltenham: Edward Elgar, 1993); idem., “Gender and Welfare Regimes: Further Thoughts,” Social Politics 4 (Summer 1997): 160-177; Mary Langan e Ilona Ostner, “Gender and Welfare: Towards a Comparative Framework,” en Towards a European Welfare State?, ed. Graham Room (Bristol: SAUS, 1991), 127-50; Diane Sainsbury, ed., Gendering Welfare States (Londres: Sage, 1994); idem., Gender, Equity and Welfare States (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); Barbara Hobson, “No Exit no Voice: Women’s Economic Dependency and the Welfare State,” Acta Sociológica 33 (1990): 235-50; Ann Orloff, “Gender and the Social Rights of Citizenship: State Policies and Gender Relations in Comparative Research,” American Sociological Review 58 (Junio de 1993): 303-28; Julia S. O’Connor, Ann S. Orloff, y Sheila Shaver, States, Markets and Families (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Arnlaug Leira, Welfare States and Working Mothers: The Scandinavian Experience (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Goran Therborn, “The Politics of Childhood: The Rights of Childhood in Modern Times,” en Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies, ed. Francis G. Castles (Averbury: Aldershot, 1993); Anne H. Gauthier, The State and the Family: A Comparative Analysis of Family Policies in Industrial Countries (Oxford: Clarendon Press, 1996). 259
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Las provisiones de los estados del bienestar también afectaron a las disposiciones de género e intergeneracionales<br />
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a sus miembros como “mano de obra” o “dependientes de la familia.”<br />
(6) Ver, Gøsta Esping Andersen, Three Worlds of Welfare Capitalism (Bristol: Polity Press, 1990). Ver también la beca<br />
feminista: Jane Lewis, ed., Women and Social Policies in Europe: Work, Family and the State (Cheltenham: Edward<br />
Elgar, 1993); idem., “Gender and Welfare Regimes: Further Thoughts,” Social Politics 4 (Summer 1997): 160-177;<br />
Mary Langan e Ilona Ostner, “Gender and Welfare: Towards a Comparative Framework,” en Towards a European<br />
Welfare State?, ed. Graham Room (Bristol: SAUS, 1991), 127-50; Diane Sainsbury, ed., Gendering Welfare States<br />
(Londres: Sage, 1994); idem., Gender, Equity and Welfare States (Cambridge: Cambridge University Press, 1996);<br />
Barbara Hobson, “No Exit no Voice: Women’s Economic Dependency and the Welfare State,” Acta Sociológica 33<br />
(1990): 235-50; Ann Orloff, “Gender and the Social Rights of Citizenship: State Policies and Gender Relations in<br />
Comparative Research,” American Sociological Review 58 (Junio de 1993): 303-28; Julia S. O’Connor, Ann S. Orloff,<br />
y Sheila Shaver, States, Markets and Families (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Arnlaug Leira, Welfare<br />
States and Working Mothers: The Scandinavian Experience (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Goran<br />
Therborn, “The Politics of Childhood: The Rights of Childhood in Modern Times,” en Families of Nations: Patterns of<br />
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