Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

educación, ámbito laboral, participación sociopolítica, cultura, etc. y la integración de la perspectiva
de género en la Administración, así como la creación de la Defensoría de la igualdad de
mujeres y hombres, contribuyan a lograr ese cambio que, sin duda, hará más intolerables las diferencias.
6. A modo de conclusión
El Congreso en el que se incluye esta Ponencia se titula “¿Hacia qué modelo de ciudadanía?”. La
propia palabra ciudadanía es exponente de la idea de cambio y de integración, de la necesidad
de que los hombres se unan al proyecto de una ciudadanía compartida. Tanto las reformas en las
Constituciones de algunos Estados de la Unión Europea y de las leyes electorales, como el progreso
que suponen las leyes de igualdad, apuntan al reconocimiento de los derechos de las mujeres
desde una perspectiva igualitaria.
Mientras tanto, las leyes electorales aprobadas por las Comunidades Autónomas fueron recurridas
ante el Tribunal Constitucional sin que por el momento el nuevo Ejecutivo haya retirado los recursos.
Por otra parte, no estimamos sea inconstitucional la regulación de la paridad por las
Comunidades Autónomas en su ámbito de competencia porque el principio democrático de la
igualdad se encuentra abierto a las formas electorales más diversas, ya que estamos hablando de
una igualdad referida a las condiciones legales y con base a los artículos que la LOREG excluye
de aquellos otros enumerados en la Disposición Adicional Primera, apartado 2º, que son aplicables
necesariamente en todo el Estado.
Dicho esto, como ejemplo de los diversos argumentos que apoyan la constitucionalidad de la paridad
electoral, hemos de añadir que en el acervo jurídico de nuestra doctrina existen tantos argumentos
a favor como en contra de su adecuación constitucional (ya se sabe cómo somos las y
los juristas). De nuevo, la política es la que abre o cierra la puerta a las reformas. Las leyes de
igualdad no han sido recurridas ¿será porque en la mayoría de los casos las Comunidades
Autónomas que las han aprobado coincidían políticamente con el Gobierno estatal? El resultado
práctico es su vigencia, independientemente de cuál haya sido la intención.
Por otra parte, nos unimos a la doctrina que no plantea como requisito la necesidad de una reforma
constitucional para incluir la paridad en las listas electorales. Cosa distinta es si la anunciada
reforma constitucional, en el tema que nos ocupa, se sitúe, al menos, en las coordenadas de la realizada
por los Estados europeos que —como hemos expuesto— hacen mención expresa de la
igualdad de mujeres y hombres. Si previsiblemente se acomete, sería deseable su ampliación a
otros aspectos como los anunciados en este trabajo y al reconocimiento expreso de la democracia
paritaria que es algo más que la paridad en las listas electorales. Implica, como consta en la
Declaración de Atenas, una transformación social que, partiendo de la situación discriminatoria
que viven las mujeres, proyecte una sociedad en la que los dos sexos compartan todos los espacios:
cuidados, trabajo, poder…
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