Congreso Internacional SARE 2004 - Emakunde

2ª. La traslación a la esfera política de los derechos sociales vinculados al trabajo
La ausencia o mínima presencia de mujeres en los Parlamentos unida a la dificultad de enmarcar
el trabajo parlamentario en el concepto de relación laboral ha hecho que, en general, la actividad
parlamentaria no conlleve las prestaciones que se reconocen como derechos a cualquier persona
trabajadora. En ocasiones hemos reflexionado sobre esta especial situación que permanece como
un residuo de la concepción liberal y elitista de la política a la par que manifiesta la quiebra del
Estado de bienestar para aquellas personas que optan por dedicar parte de su tiempo vital a gestionar
la “cosa pública” de toda la sociedad. Es cierto que hay más personas que quieren formar
parte de candidaturas que puestos a cubrir, por lo que no parecen necesarios mecanismos para fomentar
la oferta. También lo es que la opinión pública, y con mayor incidencia en las etapas en
las que se vive el descrédito de la política, no estima haya que abogar por dar alguna solución
para favorecer la entrada y —sobre todo— la salida a la clase política. No obstante, se han ido
resolviendo parcialmente algunos de estos vacíos legales, como las prestaciones sanitarias o la cobertura
ante riesgos de muerte e invalidez derivados de accidente o enfermedad ocurridos tanto
en el desempeño del cargo como en actividades no relacionadas con dicho trabajo, pero falta una
regulación completa del Estatuto de las personas que componen las Cámaras (53) y, sobre todo,
una adecuación a las situaciones de maternidad y paternidad.
En la actualidad el número de parlamentarias ha aumentado y también ha variado, en alguna medida,
el modelo de mujer que llegaba a la política cuyo perfil, sobre todo en las primeras legislaturas
de nuestra democracia, era el de mujer soltera, divorciada o en edad de tener superadas las
cargas familiares. Afortunadamente ha aumentado la cantidad de mujeres diputadas y, consecuentemente,
la variedad de trazos, en los que se observa una disminución de la edad de acceso
a las Cámaras y un abanico más amplio de circunstancias personales (54). Debido a ello se ha
podido plantear la concurrencia entre deberes parlamentarios y situaciones, diríamos utilizando
una expresión al uso, relacionadas con la condición femenina (55).
(53) La ley de conciliación de la vida laboral y familiar no contempla la situación de las personas elegidas (cargos mu-
nicipales, autonómicos y estatales). En Francia se está haciendo un estudio para elaborar un proyecto de ley pero está
en fase incipiente.
(54) Los datos que aporta la profesora Freixes, A. en El País de 22.05.2004 muestran que siguen contando de mane-
ra diferente las historias personales: la media de descendencia es de 2,75 por ministro y 0,625 por ministra. En el caso
de los ministros todos están casados, las ministras: tres están casadas, tres están solteras y dos están separadas o divor-
ciadas.
(55) El hecho de que algunos hombres se han incorporado al disfrute del permiso parental debería convertir la “con-
dición femenina” en condición general por la excepcionalidad de los casos aún no permite obviar que son mujeres las
que, casi exclusivamente, solicitan la licencia.
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